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EE. UU. incluye a fiscales y exmagistrada en lista de “actores corruptos”
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció hoy que tres fiscales y la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Silvia Valdés, fueron declarados no elegibles para visas ni admisión a los Estados Unidos. Esta medida forma parte de las sanciones impuestas bajo la Sección 353 del informe “Actores corruptos y antidemocráticos”, que incluye a ciudadanos de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, explicó que este informe identifica a personas que han socavado deliberadamente procesos o instituciones democráticas, han estado involucradas en corrupción significativa o han obstruido investigaciones relacionadas con dichos actos en la región. De acuerdo con la Sección 353 de la Ley de Participación Mejorada entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, las personas enlistadas generalmente no son elegibles para visas ni admisión al país.
Nuevas sanciones
Las nuevas sanciones se suman a las emitidas en semanas anteriores contra ciudadanos guatemaltecos, en el contexto de acciones legales que podrían amenazar la transición del poder en el país. El 11 de diciembre, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos miembros del Congreso y representantes del sector privado, por socavar la democracia y el Estado de Derecho.
Entre los guatemaltecos incluidos en la lista se encuentran:
- Silvia Patricia Valdés Quezada, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, señalada por participar en un plan para llenar la Corte Suprema y tribunales con jueces corruptos.
- Leonor Eugenia Morales Lazo, miembro actual de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), acusada de liderar una investigación por motivos políticos para cuestionar los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial.
- Noe Nehemías Rivera Vásquez, miembro actual de la Fiscalía de Asuntos Internos, acusado de presentar cargos políticos contra actores judiciales que luchan contra la corrupción y la impunidad.
- Pedro Otto Hernández González, fiscal actual, señalado por participar en una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial.