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El Juzgado Duodécimo vincula a proceso a magistrados del Tribunal Supremo Electoral por presunto fraude en la adquisición de sistema informático electoral

El Juzgado Duodécimo ha resuelto vincular a proceso penal a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acusados en relación con supuestas irregularidades en la adquisición de un sistema informático empleado en el proceso electoral del año 2023.
Cargos por presunto fraude
Los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Ranulfo Rojas enfrentan cargos por presunto fraude, según ha determinado la jueza Karen Chinchilla, quien consideró que el Ministerio Público (MP) ha presentado indicios suficientes para justificar el proceso penal.
Irma Palencia, quien fuera presidenta del órgano electoral, está siendo investigada por presunto abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes. Sin embargo, la jueza Chinchilla ha dictaminado falta de mérito respecto al cargo de abuso de autoridad, manteniendo únicamente la investigación por fraude.
La solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva para los magistrados del TSE se basa en la presunción de que podrían obstruir la investigación o intentar evadir la justicia.
Las acusaciones del MP se centran en supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Durante la audiencia de primera declaración, los magistrados expusieron que la adquisición del sistema se llevó a cabo conforme a la ley y que no cometieron ninguna irregularidad. Irma Palencia señaló que la decisión sobre la compra del sistema correspondía al pleno de magistrados y que no hubo abuso de autoridad.
Por su parte, Ranulfo Rojas expresó sorpresa ante las acusaciones y mencionó la existencia de elementos de investigación de los que no tenía conocimiento.
Mynor Franco afirmó que se cumplieron los criterios de adjudicación, como calidad, precio y tiempo.
Gabriel Aguilera mencionó discrepancias en las fechas de los señalamientos en su contra y argumentó que la denuncia fue presentada antes de que existiera un informe final de la Corte.