El nuevo caso contra Trump: otra demostración de la justicia selectiva en EE.UU.

Otra vez más se ha mostrado que EEUU no tiene la autoridad moral de decirle a países como Guatemala como deben crear sistemas de justicia imparciales basados en el imperio de la ley.

El 30 de marzo, un gran jurado de Nueva York, a petición del fiscal Alvin Bragg, imputó al expresidente de EEUU, Donald Trump, por varios presuntos delitos. Los delitos exactos se desconocían al inicio porque el caso estaba bajo reserva. Hasta el 4 de abril fue cuando Trump se presentó a la corte en Nueva York para ser procesado que se dio a conocer que enfrentaba 34 delitos de falsificación de documentos en violación de “las leyes electorales”. No se especificó cual ley electoral fue la que Trump presuntamente violó, quien nunca ha sido acusado de tal violación. La acusación entera de Bragg se encuentra aquí.

Todo nace de la investigación sobre los pagos que Trump le hizo a Stormy Daniels para que no divulgara la relación extramarital que presuntamente tuvo con Trump en 2006, diez años antes que Trump lanzara su primera campaña política. Daniels demandó a Trump, perdió, y fue ordenada pagar los gastos legales de Trump. El abogado de Daniels, Michael Avenatti, en un momento celebrado en los medios por sus batallas legales contra Trump, mencionado como posible candidato presidencial (CNN), ahora guarda prisión por defraudar a sus clientes, habiendo sido condenado por 14 años (CNN).

Tanto el predecesor de Bragg como el Departamento de Justicia y la Comisión Electoral Federal habían declinado perseguir los mismos cargos contra Trump. Bragg intenta argumentar que la intención de Trump fue obtener un beneficio electoral no reportado. Esto sería una violación de la ley de financiamiento electoral, que típicamente se descarga pagando multas, como lo hicieron Barack Obama y Hillary Clinton.

En un gran jurado no participa ni el sujeto de investigación, ni sus abogados, y el fiscal no presenta evidencia exculpatoria a su favor. Un gran jurado emite acusaciones, no condenas. En la jurisprudencia americana existe un viejo dicho que revela el sesgo de un gran jurado a favor del acusador. El dicho reza que el gobierno sabe que un gran jurado “acusaría a un sándwich de jamón”. Es así de fácil, reporta CNN.

Bragg ha recibido fuertes críticas por politizar el sistema de justicia y/o por tomar la decisión sin precedentes de acusar a un expresidente sin chance de obtener una condena (Rolling Stone, Reason, Yahoo, New York Post). Bragg mismo fue quién paró el caso contra Trump cuando su predecesor, Cyrus Vance, era el fiscal de Manhattan. Solo por presión política resucitó el caso. Asimismo, se critica a Bragg por mediatizar el caso, luego de que hiciera una conferencia de prensa el día que se oficializaron las acusaciones en contra de Trump. El presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy ha prometido una investigación sobre la conducta de Bragg.

Su presunto intento de investigar a la oposición política fue la razón por la que se llevó el primer juicio político para remover a Trump de la presidencia. En julio, 2019, Trump le había pedido al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky investigar a la empresa Burisma. En la corrupción de Burisma estaba presuntamente involucrado el hijo (Hunter) de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos.

Ya para esas fechas había fracasado la investigación que los Demócratas habían abierto en contra de Trump basada en evidencia alterada y la falsa acusación de colusión de Trump con Rusia para interferir en las elecciones de EEUU. Esta calumnia la promulgo la campaña de Hillary Clinton, cosa por la cual su campaña recibió la multa antes mencionada por violar la ley de financiamiento electoral.

Cuando la investigación inconstitucional de Mueller fracasó, los Demócratas inmediatamente innovaron un nuevo caso para remover a Trump de la presidencia. Apenas mencionaron al informe de Mueller cuando acusaron a Trump en su primer juicio político (impeachment). Sabiendo que el juicio político que iniciaron en la Cámara Baja no iba a prosperar en el Senado y que Trump sería absuelto, Nancy Pelosi (Demócrata), entonces presidente de la Cámara Baja, declaró que la simple acusación mancharía a Trump para siempre. Asimismo, ante los últimos cargos presentado en su contra, Pelosi publicó en redes que Trump tendría que probar su inocencia. La violación de los principios de imperio de la ley parece no tener límites en Estados Unidos.

Los Demócratas no han limitado su politización de la justicia al sistema federal. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, basó su campaña en 2018 en la promesa que investigaría a Trump hasta encontrarle un caso. Esta promesa también fue criticada como ejemplo de politización de la justicia y una amenaza al imperio de la ley. La “guerra contra Trump”, como lo llamó CNN, no ha parado desde que Trump lanzó su exitosa campaña para la presidencia en 2016. Hasta el ex gobernador, Andrew Cuomo (Demócrata), recientemente criticó la guerra judicial en contra de Trump, advirtiendo que “es todo político”.

El caso actual en Nueva York es solo una batalla más en una larga guerra política en la cual se ha visto el gobierno de EEUU violar todos los principios básicos de imperio de la ley y deslegitimar sus instituciones de mayor prestigio. Este no es el ejemplo que países en vías de desarrollo como Guatemala deberían de seguir. Hasta no poner su casa en orden, EEUU no tiene la solvencia moral de dar lecciones a otros países.