Gobierno crea gabinete específico para derechos humanos que incluye a la Fiscal General

El 29 de noviembre se anunció en el Diario Oficial la creación del acuerdo gubernativo No. 200-2024, donde se anuncia la creación de un nuevo “Gabinete Específico para la coordinación del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos”, cuyo propósito central será coordinar acciones y políticas públicas interinstitucionales para garantizar el respeto y la observancia de los Derechos Humanos en Guatemala.

El gabinete estará presidido por la vicepresidenta Karin Herrera e integrado por los titulares de los ministerios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Finanzas y Desarrollo Social, junto con el Secretario General de la Presidencia, el Secretario de Planificación y Programación (Segeplan) y el director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).

Uno de los aspectos destacados es la inclusión de la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien participará en las reuniones ordinarias y extraordinarias del gabinete por invitación directa del presidente Bernardo Arévalo.

Esta decisión surge en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el MP, luego de que el mandatario cuestionara públicamente el papel de esta institución en la crisis de justicia que enfrenta el país.

El acuerdo gubernativo No. 200-2024 establece que este gabinete tendrá una vigencia de tres años, coincidiendo con el período presidencial. Sus objetivos incluyen:

• Coordinar el diseño e implementación de políticas conjuntas en derechos humanos.
• Proponer soluciones interinstitucionales a desafíos nacionales.
• Rendir informes al presidente sobre avances y resultados en un plazo de 15 días tras cada sesión.

El secretario técnico será el director de la Copadeh, quien estará a cargo de elaborar el plan de trabajo y coordinar las sesiones ordinarias, programadas para ser dos veces al año.

Además de los miembros permanentes, el gabinete podrá invitar a participar a otras instituciones, como la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, universidades, sociedad civil y sector privado, quienes tendrán voz, pero no voto.

La creación de este gabinete llega en un momento en el que Guatemala enfrenta críticas de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En julio, la misma recomendó realizar un examen independiente sobre el funcionamiento del MP, destacando preocupaciones por denuncias penales contra operadores de justicia y su impacto en los derechos humanos.

Este nuevo espacio de coordinación tiene el desafío de superar las tensiones institucionales y demostrar avances tangibles en derechos humanos. La participación de Consuelo Porras y de otros actores relevantes podría ser un paso hacia el diálogo, aunque su efectividad dependerá de la voluntad política de todos los involucrados.

Con este gabinete, el gobierno busca reforzar su compromiso con las obligaciones internacionales en derechos humanos y responder a las críticas sobre el debilitamiento de la democracia en el país. Sin embargo, los resultados serán clave para evaluar si esta iniciativa logra el impacto esperado.