Gobierno de Guatemala informa sobre las acciones tomadas ante las medidas cautelares que más CIDH le otorgó al Binomio electo

El Gobierno de Guatemala, respecto de las medidas cautelares No. 574-23 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, informa a la ciudadanía por medio de un comunicado de prensa lo siguiente:

• El Estado de Guatemala remitió informes a la CIDH el 11 y 19 de agosto de 2023, pronunciándose sobre la seguridad brindada al binomio presidencial del partido político Movimiento Semilla conformado por César Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, al que se le están otorgando medidas cautelares, evidenciando en dichas comunicaciones haber puesto a disposición todas las medidas de protección necesarias, tanto de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) como de la Policía Nacional Civil (PNC) para garantizar su vida e integridad, desde que se conoció que avanzaba a la segunda vuelta electoral.
• Los supuestos planes para atentar contra la vida del binomio presidencial referido fueron alertados, el 20 de agosto, por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público, quienes hicieron de conocimiento del señor Arévalo de los riesgos detectados a su vida e integridad física por estructuras criminales, lo que permitió de forma inmediata realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección General de la PNC a efecto de brindar mayores medidas de seguridad.
• Luego de una conversación telefónica con dicho binomio presidencial, por instrucciones inmediatas del presidente Alejandro Giammattei y bajo el consentimiento del señor Arévalo y la señora Herrera, la instituciones encargadas de garantizar su seguridad se reunieron, acordando realizar un análisis de riesgo con el objetivo de fortalecer los dispositivos de seguridad con los que ya cuentan e incrementar el número de elementos conforme a las necesidades que sean detectadas y de acuerdo con las recomendaciones de la CIDH.
• Hacemos un llamado a la CIDH a la prudencia. Es necesario que la Comisión se pronuncie siempre de manera objetiva y se garantice la imparcialidad por las consecuencias que declaraciones infundadas puedan generar, atendiendo, además, al principio de subsidiariedad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos