HRW alerta que Colombia y Panamá no protegen a los migrantes que cruzan el Darién

Abandonados a su suerte. Mientras varios organismos prevén un nuevo récord de migrantes que cruzarán la selva del Darién en su travesía hacia EE.UU. este año, las autoridades de Colombia y Panamá “no los están protegiendo ni asistiendo”, alertó la organización Human Rights Watch (HRW), en un informe publicado este miércoles 3 de abril. El organismo pidió a ambos países nombrar funcionarios de alto nivel para coordinar la respuesta a los abusos que viven los migrantes en la selva del Darién y recomendó que sus Gobiernos trabajen juntos para mejorar la seguridad y garantizar más asistencia.

El segundo informe de Human Rights Watch, titulado ‘Abandonados en la selva: Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién’, revela una compleja realidad que involucra a ambos países, cuyas estrategias para manejar la situación de los migrantes es distante. HRW documentó que los esfuerzos para proporcionar acceso a alimentos, agua y servicios básicos de salud son insuficientes, afectando no solo a los migrantes en tránsito, sino también a las comunidades pobres a ambos lados de la frontera.

Más de medio millón de personas, entre ellas 113,000 menores de edad, cruzaron la inhóspita selva del Darién en 2023. Y las proyecciones para 2024 son mayores, con un gran aumento en el flujo migratorio durante los primeros meses del año, apuntando a que este año la cifra supere los 700,000. Agrega que “decenas, si no cientos, de personas han perdido la vida o han desaparecido”.

Los relatos trágicos de familias migrantes son demasiado comunes en la travesía por el Darién. En octubre de 2022, Human Rights Watch documentó el caso de una pareja venezolana que, junto con sus tres hijos, se aventuró en el viaje. En medio de los días de caminata, un extraño se ofreció a llevar a su hijo de seis años para adelantarse al grupo.  Sin embargo, cuando volvieron a reunirse al día siguiente, el hombre les informó que su hijo se había ahogado al cruzar un río. Pese a que las autoridades tardaron ocho días en iniciar la búsqueda y avisaron a Interpol por su desaparición, hasta la fecha, el niño sigue desaparecido.

En su informe más reciente, HRW pide al Gobierno colombiano que se asegure de que los fiscales investiguen minuciosamente la participación del grupo criminal Clan del Golfo en la facilitación del traslado de migrantes y solicitantes de asilo a través del Tapón del Darién. Además, HRW exhortó a Colombia a incrementar la presencia estatal en la región y asignar mayores recursos a las agencias encargadas de investigar los ataques contra migrantes.

“La presencia del Clan del Golfo en el lado colombiano, que controla las rutas migratorias, cobra recursos a los guías, incluso provee una especie de servicios de seguridad que hace que, según las propias autoridades colombianas, cerca de 125 dólares de cada migrante terminarían en manos del Clan del Golfo, lo que significaría que el año pasado habrían logrado cerca de 68 millones de dólares del control de este tráfico”, explicó Goebertus.

Para la defensora, es paradójico que sea un grupo criminal el responsable de la seguridad de los migrantes: “La documentación que hemos hecho es que el control criminal que hace el Clan del Golfo del lado colombiano lo que busca es evitar que se cometan por parte de grupos criminales más pequeños distintos tipos de delitos que alertarían a las autoridades y que afectarían el tráfico de drogas que controla el Clan del Golfo”, comentó.

“Los crímenes contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, incluidos los casos generalizados de violencia sexual, en gran medida no se investigan y quedan impunes en ambos lados de la frontera”, dice el informe. “La rendición de cuentas por estos abusos es rara, debido a una combinación de recursos y personal limitados… y una mala coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas”, agregan. “Hemos documentado que, usualmente, cuando se cruza la frontera a Panamá es donde más ocurren casos de hurtos, casos gravísimos de violencia sexual, sobre todo contra mujeres y personas LGTBI, casos de desaparición forzada e incluso de homicidio”, apuntó Goebertus.

En sus últimas recomendaciones, Human Rights Watch instó al Gobierno de Panamá a facilitar la operación de organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras (MSF) y otros grupos, sin imponer restricciones. Además, HRW criticó a Panamá por implementar políticas que restringen la movilidad de los migrantes.

MSF afirma que han proporcionado asistencia a más de 1,300 individuos que han sido víctimas de violencia sexual entre abril de 2021 y enero de 2024, cifra que probablemente subestima la realidad de la situación. Tras dar a conocer los datos, las autoridades panameñas prohibieron a MSF brindar asistencia en el país.

Frente a un escenario de elecciones en Venezuela y Estados Unidos, HRW cree que la situación en la selva podría agravarse aún más, especialmente por la inestabilidad en Venezuela, e hicieron un llamado urgente instando a Panamá y Colombia a asumir con seriedad su responsabilidad internacional.

Via: france 24