Incautan piezas de Jade extraídas de manera ilegal

En el Municipio de Morales, Izabal se realizaron allanamientos en tres inmuebles dónde se incautaron los siguientes objetos:

• 2 costales llenos con más piedras de jade
• 3 linternas utilizadas para detectar jade
• Un radiocomunicador
• Una báscula
• Una hidrolavadora
• 2 mangueras
• 4 teléfonos
• Dos vehículos con placas P-516DMZ y P-379DPJ que serán incautados.

Todos los artículos descritos apuntan a una banda organizada dedicada a la explotación de jade guatemalteco.

Las órdenes judiciales de allanamiento fueron realizadas por autoridades del Ministerio de Gobernación, por medio de la División Especializada en Investigación Criminal, DEIC, de la Policía Nacional Civil, PNC, junto a personal de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público, MP, quienes reportaron los primeros resultados positivos de un operativo derivado de la explotación ilegal de recursos naturales de Guatemala, específicamente jade.

Sospechosos

Varias personas fueron detenidas, por ahora se reporta la identificación de:

• Wilmer Geovany Arita Cruz
• Osman Ricardo Lima Aroche
• Anderson Stephen Sanabria García

Hasta el momento se desconoce si estas personas serán detenidas por haber sido halladas en los inmuebles donde se incautaron las evidencias.

Explotación ilegal de jade

Esta no es la primera vez que las autoridades persiguen a una red criminal de explotación ilegal de jade. Precisamente en 2022, autoridades máximas del Mingob, MP y del Ministerio de la Defensa, Mindef advirtieron sobre las consecuencias legales por estos delitos contra la riqueza mineral guatemalteca.

El Jade es un mineral precioso cuya explotación está regulada, y la organización investigada lo hacía de forma clandestina.

El delito de explotación ilegal de recursos naturales se encuentra regulado en el artículo 346 del Código Penal, en el que se detalla una sanción de dos a cinco años de prisión, más el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria utilizados en la comisión del delito.

Además, si el delito fuera cometido por empleados o representantes legales de alguna persona jurídica, se impondrá una multa a la entidad, que puede oscilar entre los 5 mil y los 25 mil quetzales.