Independentistas catalanes rechazan ley de amnistía en España

Los independentistas catalanes cumplieron su amenaza, la ley de Amnistía queda paralizada y sujeta a nuevas negociaciones. A pocas horas de ser sometida a votación en el Congreso de los Diputados, los independentistas de Junts per Catalunya remarcaron que tumbarían el proyecto legislativo si este no incluía la protección frente a los delitos de terrorismo y alta traición. Los políticos separatistas elevan sus presiones luego de que el juez Joaquin Aguirre reactivara una investigación sobre las presuntas conexiones de Puigdemont y su entorno con el Gobierno ruso que habría apoyado la causa independentista para desestabilizar a la Unión Europea.

Una medición de fuerzas en el Legislativo español que pone en jaque la controvertida ley de Amnistía. La iniciativa es devuelta a la Comisión de Justicia para que se reinicie su negociación. Con 171 votos a favor, 179 en contra y ninguna abstención la ley fue rechazada este 30 de enero en el Congreso de los Diputados. Se requería un mínimo de 176 sufragios de respaldo para su aprobación.

“En consecuencia, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara a la proposición de la Ley orgánica de Amnistía, para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen”, señaló la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La Comisión de Justicia deberá emitir un “nuevo dictamen en un plazo de un mes”, según el punto 2 del artículo 131 del Reglamento del Congreso.

En medio de las negociaciones a último minuto, los independentistas de Junts per Catalunya marcaron un cerco al bloque de izquierdas, liderado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: o apoyaban sus enmiendas para blindarse de los delitos de terrorismo y alta traición o su voto sería por el ‘no’, amenaza que finalmente cumplieron.

El PSOE se mostró reacio a esas presiones y rechazó el condicionamiento de los legisladores del partido liderado por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de Esquerra Republicana. El voto en contra de los socialistas se sumó al esperado pronunciamiento en ese sentido de los opositores del Partido Popular (PP) y de Vox, de extrema derecha.

La Ley Orgánica de Amnistía resultó de las negociaciones entre el bloque de izquierdas y los independentistas para respaldar la investidura de Pedro Sánchez, ocurrida el pasado noviembre, tras las elecciones no concluyentes y anticipadas de julio de 2023.

Desde entonces los de Junts han reiterado que su respaldo a Sánchez y a las medidas de su Gobierno está sujeto al cumplimiento de sus promesas a los independentistas, incluida una vía para lo que denominan la autodeterminación de Cataluña. Los constantes rifirrafes están a la orden del día y un holgado margen de gobernabilidad no está garantizado.

Las presiones de los independentistas son un intento por cubrir bajo el paraguas de la amnistía a su líder Puigdemont, al actual dirigente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros políticos separatistas frente a cualquier delito cometido en el procés, el intento de independencia de la región del noreste de España.

Exenciones por las que los políticos separatistas presionan ahora más que nunca. Y es que el juez Joaquin Aguirre reactivó la investigación por el llamado caso Voloh, que indaga las presuntas conexiones de Puigdemont y su entorno con el Gobierno ruso. Según las pesquisas, Moscú habría ofrecido “soporte económico y militar” para apoyar la causa independentista, con el fin de desestabilizar a la Unión Europea.

Según Aguirre, el expresidente de la Generalitat y su entorno mantuvieron “estrechas relaciones personales” con miembros de los servicios secretos rusos y con políticos de la extrema derecha de Alemania e Italia.

Un caso que podría ser juzgado bajo el delito de alta traición, justamente el que los independentistas también exigen que sea incluido en la amnistía para garantizar una eventual exoneración de su líder.

El magistrado pidió una extensión de la investigación por seis meses, que se contabilizan a partir del próximo 27 de febrero. Los de Junts y Esquerra Republicana buscan derrumbar cualquier medida de los jueces con la que busquen que la eventual entrada en vigor de la normativa no sea inmediata ni extensa.

Una postura que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, remarcó ante la tribuna del Congreso de los Diputados. “No podemos dejar la amnistía en manos de la cúpula judicial prevaricadora española (…) El Gobierno español debería demostrar su autoridad ante estos hechos inaceptables. Nosotros mantenemos nuestra posición con todos los riesgos”, afirmó en tono desafiante, al tiempo que sostuvo que “la lucha” de su partido es por la independencia de Cataluña.

Via: france 24