Medio salvadoreño ‘El Faro’ se muda a Costa Rica por ataques a libertad de prensa

El medio, uno de los más influyentes en Centroamérica, publico un editorial donde explicó que el traslado de su operación administrativa hacia San José, la capital costarricense, se da debido a “la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador” y el deterioro a la libertad de prensa en el país centroamericano.
El Faro aseguró que su “redacción seguirá en San Salvador” y que continuarán “haciendo periodismo en El Salvador”. Sin embargo, aclaró que su operación administrativa y legal ya no estarán en dicho territorio. Ahora, se leía la editorial, son “un periódico centroamericano con sede en San José”.
El periódico digital nació hace 25 años como un proyecto de investigación periodística y hoy en día emplea a uso 35 periodistas que producen revistas, newsletters, pódcast y hasta documentales. Pero, asegura que desde la llegada al poder de Nayib Bukele, la publicación y sus empleados fueron “objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial”.
Además, señala que el equipo se enfrentó “a seguimientos físicos y amenazas”, y también de “espionaje con Pegasus (un software que permite espiar en directo teléfonos inteligentes y ordenadores), acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial”.
“Hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes”, agrega el medio de comunicación.
En septiembre de 2020, ‘El Faro’ denunciaba: “Hacienda está actualmente auditando la contabilidad de este periódico en los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018”. Después, en abril de 2021, el medio digital había señalado mediante una editorial que el Gobierno salvadoreño supuestamente “fabrica otro caso” en su contra tras una auditoría en la que el Ministerio de Hacienda los acusó de evadir impuestos.
Ese mismo año, alzó la voz sobre otro hecho represivo. En julio de 2021, el periodista mexicano Daniel Lizárraga, parte de su equipo investigativo, tuvo que salir de El Salvador en el plazo que le ordenó el Gobierno tras negarle un permiso de trabajo y la residencia temporal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en febrero de 2021 medidas cautelares de protección a favor de 34 integrantes del medio que, advirtió, “estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización”.
“Algunos periodistas dicen que este Gobierno ataca a la prensa; nosotros estamos comprometidos con la libertad de expresión, pero algunos pasan publicando una sarta de mentiras y lo que nosotros hacemos es desmentirlos. Eso no es violar la libertad”, expresó Bukele en 2020 durante una comparecencia donde hacía referencia a la investigación de Hacienda hacia el medio salvadoreño.
“¿Quiere decir que cualquier lavador de dinero, narcotraficante o evasor fiscal, solo tiene que poner un periódico y entonces ya nadie puede investigarlo?”, reiteró el mandatario en Twitter al día siguiente.
En el editorial donde informa del cambio de sede, el medio afirma que “la criminalización del periodismo es, lamentablemente, cada vez más utilizada por los Gobiernos de la región, paralelamente a la acumulación de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas y los movimientos civiles. Los autócratas no toleran otras narrativas”.
Costa Rica ya es la base de varios medios de comunicación expulsados por el régimen autoritario de Nicaragua. Canales de televisión como ‘100% noticias’ o medios digitales como ‘Confidencial’, cuyas oficinas en Managua fueron confiscadas por el gobierno de Daniel Ortega
Ahora, compartirán refugio con ‘El Faro’. Una situación alarmante a la que podrán sumarse otros periodistas y medios de comunicación centroamericanos por la escalada de ataques a la prensa en la región.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el oficialismo, prolongó por décima tercera ocasión el estado de excepción por 30 días más, que concluirá ahora a finales de mayo.
Tras un año de implementación, la denominada por Bukele como “guerra contra las pandillas”, ha permitido al Gobierno cercar varias ciudades del país y detener a más de 60.000 personas.
El estado de excepción suspende varias garantías constitucionales y permite detenciones arbitrarias y sin orden judicial. Interrumpe la libertad de asociación y extiende el plazo de detención administrativa a 15 días con respecto a las 72 horas por fuera de esta medida.
Pero algunos críticos, como la diputada Claudia Ortiz, del opositor partido ‘Vamos’, han denunciado que durante el régimen de excepción “se han capturado a personas inocentes”, para quienes pidió su liberación.
La ONU y varios organismos protectores de los derechos humanos han manifestado su “preocupación” por la situación del país. De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 67.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros. Las autoridades celebran que la media ha generado la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.
Via: france 24