Ministerio Público presenta antejuicios contra tres magistrados del TSE

El Ministerio Público, ha presentado una solicitud para retirar el derecho de antejuicio a tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acusándolos de incurrir en ilegalidades al autorizar la inscripción de la cuestionable candidatura de Manuel Baldizón.

La fiscal general, Consuelo Porras, ha autorizado estas medidas después de que el Ministerio Público (MP) tomara acciones en respuesta a denuncias presentadas contra los magistrados del órgano electoral. Los señalados en esta polémica son la presidenta del TSE, Irma Palencia, el magistrado titular, Mynor Franco, y el magistrado suplente, Álvaro Cordón.

Las solicitudes presentadas por la Fiscalía de Delitos Administrativos alegan que estos magistrados podrían haber incurrido en delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución. En el centro de esta controversia se encuentra la autorización de la inscripción de Manuel Antonio Baldizón Méndez como candidato a diputado al Congreso de la República por el partido Cambio.

La fiscalía argumenta que esta decisión contradice flagrantemente el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez para los candidatos. Además, los magistrados habrían pasado por alto los artículos 162 y 164 que definen las prohibiciones y compatibilidades para las candidaturas.

Caso Manuel Baldizón

Este caso tomó forma el 13 de marzo cuando se recibió una denuncia contra los magistrados Palencia, Franco y Cordón, después de que estos resolvieran con lugar el recurso de nulidad presentado por el partido Cambio. El resultado de esta resolución fue la aprobación de la inscripción de Manuel Baldizón, a pesar de sus antecedentes cuestionables.

El ex-candidato presidencial había sido condenado por lavado de dinero en Estados Unidos y enfrentaba investigaciones por corrupción por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Guatemala. Aunque el Registro de Ciudadanos ya había decidido no inscribirlo debido a sus implicaciones en actividades ilícitas, el TSE revocó esta decisión y aprobó su candidatura.

Preocupación por parte de organismos internacionales