Recrudece enfrentamiento entre López Obrador y Sistema Judicial

En medio del enfrentamiento que se registra con el Poder Judicial mexicano, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el sistema judicial de ese país, absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y Sidronio Casarrubias Salgado, por el caso de la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014.

Las declaraciones de López Obrador, motivaron la protesta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación –Jufed-, debido a que identificó con nombre y cargo a los mandatarios judiciales qué en este caso y otros dos más, emitieron las sentencias.

A la par, dicho anunció originó una serie de protestas y desaprobación de la ciudadanía en redes sociales, con la variante que responsabilizaban de lo que han dado en llamar “protección a asesinos” pero, al mandatario mexicano; empero, a la par, citas respecto a que la realidad es que un rumor no es evidencia, sino se consolida como prueba fehaciente, científica y comprobable en el seno de un juicio.

Los hechos

Reportes de varios medios periodísticos mexicanos, informaron que José Luis Abarca Velásquez, el ex alcalde, y Sidronio Casarrubias, este último, señalado de ser el líder de “Guerreros Unidos”, fueron absueltos por el “Caso Ayotzinapa”, el pasado 12 de mayo, por Samuel Ventura Ramos, Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en el estado de Tamaulipas.

A criterio del juzgador la Fiscalía General de la República de México –FGR-, no pudo comprobar primero, la existencia del grupo criminal y por lo que fueron procesados bajo la figura de “delincuencia organizada”, y segundo, en su supuesta relación directa con el hecho de los normalistas de Ayotzinapa, en 2014.

En vox populi, Casarrubias, ha sido señalado de ser haber sido el principal líder de “Guerreros Unidos” y apodado “El Chino” junto con su hermano, Mario Casarrubias, alias “El Sapo Guapo”, quien murió por Covid-19 el 25 de julio de 2021 en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México.

Informes de las autoridades de seguridad mexicanas, describen que “Guerreros Unidos” surgió a la vida pública en diciembre de 2011, y debido a una de las varias divisiones del “Cártel de los Beltrán Leyva”, tras la muerte de Arturo Beltrán, “El Barbas” en 2009. Se establecieron en Iguala, Guerrero, y desde ahí coordinaban el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos de América, gracias a la complicidad de autoridades locales, desde alcaldes y policías hasta militares y funcionarios del estado.

Por aparte y por lo cual no recobrará su libertad, el ex alcalde José Luis Abarca Velásquez, fue sentenciado en otro proceso condenado a una pena de 92 años y seis meses de prisión, como responsable del secuestro de 6 miembros del movimiento campesino Unión Popular Emiliano Zapata (UPEZ), entre ellos, el perredista Arturo Hernández Cardona, luego de realizar una protesta frente a una caseta de peaje, en demanda que disminuyera la violencia política en el municipio (expedientes PGJ HID/FC/01/769/2013 de la justicia estatal y PGR/SEIDO/BEDMF/439/2014 del fuero federal).

El trasfondo

Los reportes periodísticos mexicanos, concluyen en que la exposición pública de los juzgadores se suscita en el marco de las constantes críticas por parte del presidente López Obrador, en contra del Poder Judicial, “al cual ha tachado de estar podrido y que por ello es necesario que se le reforme”.

Una acción provocada debido al rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su “Plan B Electoral”, y por lo cual presentará una reforma que, dijo, buscará sea aprobada antes de que finalice su administración.


La Jufed “lamenta se haya exhibido a los juzgadores por el hecho de cumplir con su delicada función constitucional de impartir justicia, y ponen en riesgo su integridad y la de sus familias”. Tal señalamiento lo hicieron a la vez de “dar su respaldo a las juzgadoras y juzgadores federales, en particular de los circuitos Tercero, con sede en el estado de Jalisco y Decimonoveno, de Tamaulipas, para que estos emitan sus resoluciones con independencia ante cualquier tipo de presión por parte de autoridades federales o locales”.