Renuncias de puestos claves aumenta incertidumbre y desconfianza sobre el TSE

Renuncias, investigaciones criminalísticas, procesos judiciales y búsqueda de sindicados, señalamientos e incertidumbre jurídica, sin olvidar los procesos de desinformación o manipulación mediática, son los escenarios que privan contra el proceso Elecciones Generales 2023, y toda la estructura del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala.

Ha trascendido que, aunque el proceso de renuncias laborales o administrativas puede calificarse de regular al interno del TSE, las dos últimas conocidas llamaron la atención al corresponder ser la de su directora de Finanzas y la del jefe de Presupuesto.

En efecto, con carácter irrevocable y, “por motivos personales”, se conoció, Amélida Pineda Yumán, hasta ese momento directora de Finanzas y Guillermo Hernández Cuevas, jefe de Presupuesto del TSE, renunciaron a sus funciones y cargos a escazas horas de la realización del evento electoral de segunda vuelta a celebrarse el día de mañana, domingo 20 del presente mes.

El caso llamó y llama la atención pública, debido a la importancia de las funciones de los ahora ex funcionarios, por suscitarse en medio de un proceso que requiere cierta capacidad de agilidad ante compromisos económicos contraídos por el TSE.

En redes sociales circuló información extra oficial en cuanto a que, el verdadero motivo, resultan ser la exigencia de pago de parte del pleno de magistrados, por los compromisos de pago en cuentas cómo, la del servicio del uso del programa del sofware para la Transmisión de Resultados Preliminares del Proceso Electoral (TREP).

Cómo se recordará, Datasys, S. A., resultó ser la empresa a la que el TSE adjudicó el contrato por Q148 millones 850 mil 250, una empresa que en América Latina ha sido señalada la existencia de posibles fraudes electrónicos en procesos electorales en los que ha tenido a su cargo. Públicamente la corporación empresarial lo ha negado.

En Colombia, uno de los países y procesos electorales motivo de señalamientos contra Datasys, su principal acusadora lo fue la senadora María Fernanda Cabal, quién se sabe, envió una carta al Presidente de la República, Alejandro Giammattei, advirtiendo del riesgo existente.

Una investigación periodística y que, a través de un vídeo de Tik Tok se reveló que, el fuero domiciliar registrado por Datasys, S. A., en el Edificio Géminis, zona 10 capitalina, existe pero sin operar en el lugar, resultó ser la empresa a la que se le adjudicó el contrato frente a PBS Guatemala, S. A., que ofertó hacerlo por Q113 millones 957 mil 424.

El argumento de los magistrados del TSE se basó en “la experiencia que la empresa favorecida tiene, al estar asociada con la empresa PODERNET, S.A., con más de 20 años de experiencia y más de 15 acreditaciones en procesos electorales”, expuesto a través de un comunicado de prensa hecho llegar a los distintos medios de comunicación. Se suma que ha prestado otros servicios al Estado de Guatemala del 2017 al presente, por un monto de Q4 millones 685 mil 687.84.

Desde el 12 de julio al 13 de agosto, también han renunciado y aceptado tales decisiones la parte administrativa: Esmirna Eugenia López Marroquín (Acuerdo No. 1322-2023), Eduardo Arturo Rivera Maldonado (Acuerdo No. 1355-2023), Julio César Leal Escobar (Acuerdo No. 1354-2023), Ana Isabel Urizar Moya (Acuerdo No. 1526-2023) y Ervin Rolando Villatoro López.

Investigaciones criminalísticas del MP

El punto más novedoso, por así identificarlo, es la búsqueda que la Fiscalía de Delitos Electorales y Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), realiza del colombiano Gustavo Antonio Villamil Roso, contratado por el TSE en calidad de asesor de los programas de computo, y sobre quien existe el señalamiento que no cuenta con contrato, ni licencia para laborar en el país.

El MP le giró una citación para el próximo 23 del presente mes, para que comparezca a prestar declaración testimonial y a la cual deberá comparecer acompañado de un abogado. El fuero domiciliar reportado por el encartado se registra y sin número de oficina, en el cuarto nivel del edificio Gran Tikal Futura, zona 11 capitalina.

Se suma la resolución que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en calidad de amparo otorgó ayer viernes 18, y que valida la participación del candidato presidencial del partido Semilla, Bernardo Arévalo, en consecución de “garantizar” la estabilidad electoral en el país.

La manipulación mediática no se hizo esperar, pues pronto saltaron las publicaciones en redes sociales respecto a que, a través de esta, la entidad política se salva de la investigación que pesa en su contra, por la falsificación de firmas, usurpación de identidad, falsedad material e intelectual y estafa continuada. Un concierto de medios de comunicación, hicieron eco a tal movimiento y así lo publicaron.

Por si fuera poco, este tipo de publicaciones ha originado otras en las cuales, los militantes semilleros y otro tipo de estructuras grupales, llámese, organizaciones pro derechos humanos, amenacen con crear escenarios de caos y destrucción en distintos puntos del país y, en especial, la capital, “para defender el derecho ya concedido a gobernar”.

El MP investiga tanto a la empresa Datasys, como a la empresa Sega. En ambos casos, por las denuncias de posible manipulación de resultados electorales, fraude electrónico; en el segundo de los casos la investigación se originó en la denuncia de Carlos Velásquez Monge, secretario general del Partido Republicano.

Este presentó denuncia el 19 de julio pasado, contra los integrantes de la Junta Electoral del Distrito Central y la Junta Electoral del Departamento de Guatemala, por la irregular o ilícita adquisición de un software a la empresa Sega, por un monto de Q62 millones (MP: número MP001-2023-34285).

La sustentación de su sindicación es la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, usurpación de funciones (al no estar facultados para dicha potestad) y malversación de fondos. Señala que el 25 de junio, día de la primera vuelta electoral, el sistema de cómputo fue declarado inservible por los integrantes de dichas juntas pero, se prosiguió con el proceso de pago.

Velásquez ha argumentado que el TSE incurrió en delito al ceder funciones arbitrarias e ilegales a las JEDC y JEDG, violando la Ley del Organismo Judicial y la Controlaría General de Cuentas.