Tribunal Electoral de Brasil despierta temores con la inauguración del Ciedde: ¿Una amenaza a la libertad de expresión?

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ha suscitado una oleada de críticas y preocupación al inaugurar el Centro Integrado de Lucha contra la Desinformación y la Defensa de la Democracia (Ciedde), una iniciativa que ha despertado temores sobre la posible legalización de la censura y un ataque directo a la libertad de expresión en el país.

Bajo el pretexto de combatir las noticias falsas, el Ciedde cuenta con la colaboración de instituciones como el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Orden de Abogados de Brasil (OAB). Sin embargo, críticos temen que esta alianza de poderes sea utilizada como una herramienta para coartar la libre circulación de ideas y perseguir a los opositores políticos.

El presidente del TSE, ministro Alexandre de Moraes, ha defendido la creación del centro argumentando que busca garantizar el cumplimiento de resoluciones recientes del tribunal, bajo el pretexto de proteger la voluntad de los votantes. Sin embargo, su discurso ha sido recibido con escepticismo, especialmente debido a la vaguedad de las medidas propuestas y el riesgo inherente de abuso de poder.

Durante la ceremonia de instalación del Ciedde, De Moraes denunció que la libertad del elector está siendo “atacada de forma virtual” por milicias digitales desde 2018, alegando que estas intentan desvirtuar la verdad y manipular la opinión pública con la proliferación de noticias falsas, potenciadas por el uso indebido de la inteligencia artificial.

La presencia de la jueza Carmen Lucía, quien asumirá la presidencia del TSE a partir de junio, no ha calmado las preocupaciones de los críticos, quienes ven en la creación de este centro un potencial peligro para la democracia brasileña.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, ha intentado restar importancia a las preocupaciones, argumentando que el centro tiene un enfoque principalmente educativo, pero admitiendo la existencia de un componente represivo para “suprimir conductas abusivas”. Esta declaración ha generado aún más inquietud entre aquellos que ven en estas medidas una amenaza directa a la libertad de expresión.