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Tribunal Federal declara inconstitucional el uso de Ley de Emergencias por Trudeau
El Tribunal Federal de Canadá ha dictaminado que las medidas implementadas por el primer ministro Justin Trudeau bajo la Ley de Emergencias fueron irrazonables e inconstitucionales. La sentencia sigue a una solicitud de revisión judicial presentada en 2022 por la Fundación Constitución Canadiense, la Asociación Canadiense de Libertades Civiles y otros demandantes, luego de la aplicación de medidas de emergencia para disolver las protestas del Freedom Convoy en Ottawa.
Estas medidas permitieron al gobierno congelar cuentas bancarias, reclutar conductores de grúas y arrestar a personas por participar en asambleas consideradas ilegales por el gobierno.
El Tribunal Federal determinó que la emisión de la Proclamación y los Reglamentos y Órdenes asociados no fue razonable y estaba fuera del alcance de la Ley de Emergencias. La decisión destacó que estas regulaciones violaron los derechos consagrados en la Carta, específicamente la libertad de pensamiento, opinión y expresión, así como el derecho a la seguridad contra registros o incautaciones irrazonables.
“Se declara que la decisión de emitir la Proclama y el Reglamento y Orden de la asociación fue irrazonable y ultra vires la Ley de Emergencias”, afirmó el Tribunal Federal. Además, se sostuvo que estas acciones infringieron la sección 2(b) y la sección 8 de la Carta, sin justificación bajo la sección 1.
El líder conservador, Pierre Poilievre, reaccionó al fallo acusando al primer ministro de violar “la ley más alta del país” al recurrir a poderes de emergencia.
La Fundación Constitución Canadiense, que inició la revisión judicial, expresó su preocupación por lo que consideró una grave extralimitación del gobierno y violaciones de las libertades civiles durante la pandemia. Argumentaron que el uso de la Ley de Emergencias no estaba justificado, ya que esta debería ser una medida de último recurso en situaciones de emergencia nacional, cuando no existan otras leyes aplicables.
El juez Richard Mosley, en su fallo, subrayó que la Ley de Emergencias debe considerarse como último recurso, y que la evidencia indicaba que la mayoría de las provincias podían manejar la situación mediante las leyes existentes. Aunque el gobierno argumentó que las protestas constituían una crisis nacional, el tribunal no estuvo de acuerdo, señalando que las leyes existentes podrían haber sido efectivas, como demostró el caso de Alberta.
El tribunal concluyó que el gobierno no demostró la absoluta necesidad de invocar la Ley de Emergencias, enfatizando la importancia de agotar otras herramientas disponibles antes de recurrir a ella.
El fallo también abordó las medidas económicas para congelar cuentas bancarias, rechazando la afirmación del gobierno de que representaba un deterioro mínimo. El juez Mosley recomendó un alcance más restringido para estas medidas, expresando preocupación por la falta de estándares claros y un proceso adecuado para impugnar tales decisiones. En última instancia, el juez concluyó que las violaciones de la Carta no fueron mínimamente perjudiciales y no estaban justificadas bajo la Ley de Emergencias.
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