El Congreso y su Desconexión con la Realidad: Aumentos Salariales y Arbitrariedad – Editorial

Las recientes decisiones del Congreso de Guatemala han generado indignación y preocupación entre la ciudadanía. Mientras el país enfrenta problemas graves como la pobreza, la inseguridad y la falta de acceso a servicios básicos, los diputados han aprobado medidas que favorecen sus propios intereses en lugar de atender las verdaderas necesidades de la población. Entre estas decisiones destacan el aumento salarial de los legisladores, la aprobación de la polémica Ley del Agro y reformas que debilitan la lucha contra la delincuencia organizada.

Uno de los temas más polémicos ha sido el aumento de sueldo de los diputados, quienes ahora recibirán más de Q45,000 mensuales, una cantidad similar a la de un magistrado de sala. Este incremento ha sido duramente criticado, ya que se da en un contexto donde miles de guatemaltecos apenas sobreviven con salarios mínimos. La indignación crece al ver cómo los políticos se asignan beneficios mientras muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas.

A pesar de las críticas, el presidente Bernardo Arévalo decidió ratificar el presupuesto sin rechazar el aumento salarial de los diputados. Con esta acción, evitó que el tema fuera discutido nuevamente en el Congreso, lo que generó dudas sobre posibles acuerdos entre el oficialismo y la oposición para garantizar la aprobación del presupuesto. Para muchos, esta fue una oportunidad perdida para demostrar liderazgo y alinearse con las demandas de la ciudadanía.

El problema no se limita a los salarios. El Congreso también ha promovido leyes que podrían facilitar la corrupción. Un ejemplo claro es la Ley del Agro, que, bajo el argumento de fortalecer el sector agrícola, otorga beneficios fiscales sin controles adecuados. Expertos advierten que su redacción ambigua podría permitir la evasión fiscal e incluso el lavado de dinero, afectando la transparencia y la justicia en el país.

Otro punto preocupante es la reciente reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada. En lugar de fortalecer la lucha contra el crimen, esta modificación debilita la persecución penal y reduce la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales. Además, pone en riesgo los compromisos internacionales de Guatemala en materia de justicia, lo que podría traer consecuencias negativas para la imagen del país ante la comunidad internacional.

Las decisiones tomadas en el Congreso reflejan un patrón de arbitrariedad y falta de compromiso con el bienestar ciudadano. La aprobación de estas medidas se ha dado de manera opaca, sin un verdadero debate público y sin tomar en cuenta las preocupaciones de la sociedad. Esto refuerza la percepción de que los intereses privados siguen pesando más que las necesidades del pueblo.

Si estos abusos no son cuestionados y revertidos, la democracia en Guatemala seguirá debilitándose. La ciudadanía debe mantenerse alerta, exigir transparencia y presionar a sus representantes para que tomen decisiones en beneficio del país y no de unos pocos. Solo con una sociedad vigilante y participativa se podrá frenar el avance de la impunidad y la corrupción.

El país enfrenta una encrucijada. O se fortalecen las instituciones democráticas con decisiones responsables, o se permite que la corrupción y los privilegios de unos cuantos sigan erosionando la confianza en el sistema. Mientras el epicentro de la crisis de liderazgo desde el Ejecutivo siga siendo protagonizada por un presidente ausente, que se encuentra frecuentemente de viaje y no al frente del Gobierno, se hace urgente la voz exigente de la ciudadanía para definir el rumbo de Guatemala.