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Turquía: condenan a constructor por derrumbe de edificio que dejó 34 muertos

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Este jueves 22 de febrero se emitió la primera condena por el terremoto que sacudió a Turquía el 6 de febrero de 2023 y causó la muerte de más de 53,000 personas. Muslum Demirer fue condenado a 18 años de cárcel por construir de forma negligente un edificio de apartamentos en Sanliurfa, ciudad situada en el sureste del país. La Justicia dictaminó que 34 personas murieron al desplomarse esa edificación tras el terremoto.

El tribunal consideró probado que, acorde con los informes periciales, las columnas del edificio derrumbado tenían graves defectos de materiales y se incumplieron las normas legales a la hora de construir. Por ello, se dictaminó, inicialmente, condenar al hombre a 21 años de cárcel. El mismo tribunal determinó que la construcción la había realizado junto a tres personas que ya fallecieron, por lo que la culpa recayó totalmente en él.

La defensa rechazó los cargos y argumentó que el propio hijo de Demirer había fallecido en el derrumbe. Por eso, el juez rebajó su sentencia a 18 años de cárcel. La madrugada del 6 de febrero del año pasado dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 y sus réplicas sacudieron el sur de Turquía y el norte de Siria.

En las horas posteriores, se extendió el desconcierto con miles de desaparecidos, heridos en las calles, equipos de emergencia trabajando a contrarreloj y una llamada de socorro internacional que movilizó a naciones de todo el mundo para enviar ayuda humanitaria. Además, el mundo se estremeció con las imágenes de miles de edificios que se desplomaban.

Calles enteras borradas del mapa y, en ellas, los gritos de posibles supervivientes que seguían bajo los escombros y que se irían apagando con el pasar de las horas. En total, el Gobierno calcula que se derrumbaron cerca de 160,000 edificios, lo que puso en cuestión si las edificaciones eran las adecuadas para una zona con una alta actividad sísmica. Después de confirmarse la cifra de muertos, las construcciones encabezaron el centro del debate.

Cuando la tierra tembló, el Ministerio de Justicia denunció que más de cien constructores de edificios que habían cedido ante los terremotos decidieron esconderse o intentar huir del país. Uno de los casos más sonados fue el del edificio Ronesans, en la devastada Antioquia, donde había 249 apartamentos y cerca de mil personas quedaron bajo sus escombros, entre ellas, el famoso jugador de fútbol Christian Atsu. El constructor fue detenido en el aeropuerto cuando se disponía a abandonar el país.

Hoy en día hay centenares de casos judiciales abiertos que buscan dar justicia a las familias que perdieron a sus seres queridos bajo los escombros. Y, por desgracia, Turquía no se encuentra ante un caso nuevo. El terremoto de Izmit del año 1999 enterró a 17,000 personas y la mala praxis también tuvo parte de la culpa en la magnitud de muertes.

De hecho, el entonces candidato a ocupar el cargo de primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, fue uno de los más críticos con ese Gobierno. Acusaciones que serían muy bien acogidas por la sociedad y que le ayudarían a ganar el mayor cargo ejecutivo del país. Pero, a la vista de los hechos, nada cambió.

Un reciente informe de Human Rights Watch pone énfasis en que los constructores tienen una parte de la culpa en estas catástrofes. Pero fue la permisividad o pasividad de cargos públicos lo que llevó a que esos edificios se levantaran y luego se derrumbaran. Es por ello que la organización se pregunta cuántos procesos judiciales contra estos cargos han sido abiertos.

Su responsable en Europa y Asia Central, Hugh Williamson, también añadió que “Erdogan no solamente debería centrarse en la reconstrucción”, un elemento del que ya hablaba mientras los cadáveres seguían emergiendo de los escombros. Y el mismo responsable señaló hacia arriba: “Ninguna obra de construcción puede llevarse a cabo sin la autorización de las autoridades municipales y provinciales, por lo que sus funcionarios deben ser investigados y rendir cuentas”.

La reciente condena abre una espiral de esperanza a los familiares de las víctimas, pero la realidad indica lo contrario. El mismo informe asegura que en juicios anteriores “los tribunales impusieron penas en el extremo inferior de la escala o las convirtieron en multas”.

Via: france 24

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