Guatemala abre paso a la libre competencia: ¿está el país listo para jugar en igualdad de condiciones?

La cancha económica en Guatemala empieza a nivelarse. Con la reciente aprobación de la Ley de Competencia, el país entra en una nueva etapa donde las reglas del juego deben ser claras, parejas y aplicables para todos. Pero más allá de la letra escrita, el verdadero reto está en cómo se implementará esta ley y quiénes estarán al frente del proceso.

Para discutir este tema crucial, AmCham Guatemala organizó el foro técnico “Ley de Competencia: avances en el proceso de nominación y desafíos para su puesta en marcha”, realizado el 29 de abril en el Hotel Hilton Garden Inn, Salón Bristol Plus. El evento reunió a diputados, expertos del sector privado y autoridades económicas, en un espacio exclusivo y gratuito para socios.

Guatemala cuenta desde noviembre de 2024 con una Ley de Competencia que busca erradicar prácticas abusivas como monopolios, acuerdos entre empresas para fijar precios o repartirse el mercado, y otras formas de distorsión económica. Esta ley pretende abrir el mercado, garantizar la igualdad de condiciones y fortalecer la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

Sin embargo, la creación y funcionamiento de la nueva Superintendencia de Competencia, la entidad que dará vida a esta normativa, enfrenta obstáculos, especialmente en el proceso de selección de su directorio.

¿Quiénes participaron?

El evento se dividió en dos paneles:

• Panel 1: “Retos y oportunidades desde las entidades nominadoras del directorio”
• Faver Emilio Salazar Cordero, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso
• Vinicio Cáceres, gerente general del Banco de Guatemala
• Ayleen Rodríguez, del Consejo Consultivo de AmCham Guatemala (moderadora)
• Panel 2: “Reforma puntual de la Ley de Competencia: ajustes clave para su efectiva implementación”
• Felipe Barrera, secretario de la Comisión de Economía y Comercio Exterior
• Enrique Möller, presidente del Comité Fiscal de AmCham Guatemala
• Catalina González, representante de ALTA
• Enrique Godoy, moderador

Durante los paneles, se discutieron los vacíos legales que aún dificultan la implementación de la ley, así como la necesidad de reformas técnicas puntuales, sin entrar en cambios de fondo que podrían frenar el proceso.

Vinicio Cáceres, del Banco de Guatemala, explicó que esta ley representa un cambio de rumbo para el país:

“Queremos mercados más justos y modernos. Con reglas claras y transparentes, se genera confianza, y eso motiva la inversión y la participación empresarial”.

Por su parte, Enrique Möller, de AmCham, fue enfático:

“Los requisitos que establece la ley son complicados de cumplir, especialmente en un país que nunca ha trabajado estos temas. Si elegimos mal a los miembros del directorio, podríamos condenar el éxito de la Superintendencia desde el inicio”.

¿Por qué es importante?

Esta ley no solo representa una deuda histórica saldada; es un punto de inflexión para el futuro económico de Guatemala. Su implementación correcta podría reducir desigualdades, evitar abusos de poder económico, fortalecer a los pequeños negocios y mejorar el bienestar del consumidor con precios más justos y mayor variedad.

También podría facilitar mayores oportunidades de inversión extranjera, al demostrar que Guatemala protege la libre competencia y se alinea con las mejores prácticas internacionales.

Tres mensajes clave del evento:

• La correcta conformación del Directorio marcará la independencia y credibilidad de la Superintendencia.
• Las reformas necesarias deben ser técnicas y puntuales, enfocadas en resolver antinomias o vacíos legales. La colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil será esencial para consolidar un ecosistema competitivo y dinámico

“Si aprendemos de la experiencia internacional, lo vamos a hacer bien. Si la ignoramos, no lo sé”, concluyó Möller, resumiendo el desafío que Guatemala tiene por delante.

La Superintendencia ya está en fase administrativa desde enero de 2025, pero se espera que entre en funciones plenas hacia finales de 2026. Mientras tanto, actores clave insisten en la urgencia de avanzar sin retrasos, priorizando la transparencia y la capacidad técnica en cada paso.