Salario Mínimo: ¿Solución o Fuente de Nuevos Problemas? – Editorial

En Guatemala, el debate sobre el salario mínimo ha sido un tema recurrente, especialmente por sus implicaciones en el mercado laboral y la economía nacional. Aunque en 2013 el Consejo Nacional del Salario (CNS) logró un acuerdo sin necesidad de un decreto presidencial, los resultados de estas políticas a lo largo de los años han sido cuestionables.

El incremento para 2024, el mayor en una década, refleja más una decisión política que un análisis técnico, y podría estar generando más problemas que soluciones, de esta forma el presidente Arévalo ha decidido aumentar el salario mínimo en un 10%, pese a las recomendaciones de basarse en criterios técnicos, que sugerían que un incremento inferior al 3% sería más adecuado, lo que indica que su decisión tiene un trasfondo más político que técnico.

El aumento del salario mínimo puede tener consecuencias negativas como:

1. Aumento del desempleo

Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, podrían no ser capaces de asumir los costos adicionales.

2. Incremento de la informalidad laboral

Las empresas pueden optar por contratar trabajadores sin registrarlos formalmente para evitar pagar salarios más altos

3. Inflación

Un mayor salario mínimo puede generar un aumento en los precios de bienes y servicios, ya que las empresas trasladan los costos adicionales a los consumidores.

4. Desincentivo para la inversión

El aumento de costos laborales puede desalentar la inversión de empresas nacionales y extranjeras, afectando la creación de empleo y el crecimiento económico.

Además, el aumento al salario mínimo puede afectar la competitividad de las empresas guatemaltecas. En un mercado globalizado, donde los costos de producción juegan un papel fundamental, estos incrementos pueden poner en desventaja a las compañías nacionales frente a sus competidores internacionales. Esto se agrava en sectores como el exportador y de maquila, donde el margen de ganancia ya es ajustado.

Otro efecto preocupante es el incremento de la economía informal. Muchos emprendedores, incapaces de asumir los nuevos costos, optan por operar fuera de la legalidad. Esto no solo reduce la recaudación fiscal, sino que también precariza las condiciones laborales de miles de trabajadores. En lugar de mejorar la calidad de vida, estas políticas terminan empujando a más personas a empleos sin beneficios ni seguridad social.

Si bien es necesario garantizar un ingreso digno para los trabajadores, el salario mínimo no debe ser una herramienta política. Diferentes sectores como CACIF y Agexport, expresaron la urgencia por que las decisiones en este ámbito se basen en análisis técnicos que consideren las realidades económicas del país y no como decisiones exclusivamente políticas. Continuar con incrementos desmedidos solamente agravará los problemas estructurales del mercado laboral, afectando tanto a empleadores como trabajadores.