Un país cada día más cerca del fin del Estado de Derecho – Editorial

La Junta Directiva del Congreso de Guatemala ha estado bajo un intenso escrutinio debido a su accionar reciente, que varios expertos constitucionalistas han definido como un “golpe de Estado técnico”. Este calificativo no es ligero ni infundado. Los actos realizados por dicha Junta han despertado serias preocupaciones sobre el respeto al Estado de Derecho en el país, una situación que amenaza con erosionar las bases democráticas y legales que sostienen a Guatemala. En este contexto, el incumplimiento de deberes, el abuso de autoridad, la obstrucción a la justicia, la asociación ilícita y los actos violatorios a la Constitución se han señalado como faltas recurrentes.

Uno de los episodios más graves fue la actuación de la Junta Directiva al respaldar decisiones y procesos que favorecen intereses políticos y que violan de manera directa la ley. Esto incluye su papel en la declaración de la cancelación del partido Movimiento Semilla, basándose en resoluciones judiciales y administrativas que han sido cuestionadas por su trasfondo político. La resolución del Juez 7 de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, declarada como firme, fue notificada al Congreso, lo que pareciera haber servido como excusa para justificar una acción que, según los expertos, fue arbitraria y no alineada con los principios de justicia y equidad.

A esto se suma el papel del Registro de Ciudadanos, que también decidió cancelar al Movimiento Semilla mediante una resolución administrativa. Este acto, apelado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha permanecido sin resolución, supuestamente por razones políticas y de forma malintencionada. El retraso injustificado y la inacción por parte del TSE no solo evidencian una falla administrativa, sino también una peligrosa subordinación de los órganos judiciales a intereses ajenos a la ley. Esta “pendencia administrativa”, como se ha definido ingenuamente, menoscaba y perjudica la decisión judicial, la cual constitucionalmente no puede estar subordinada a un órgano administrativo.

La violación de la Constitución también se refleja en la manipulación de las categorías de los bloques legislativos. Según la normativa vigente, los bloques deben conformarse de acuerdo con criterios establecidos en la ley, los cuales exigen la existencia de partidos políticos reconocidos y, en el caso de bloques independientes, una cantidad mínima de once diputados. Sin embargo, los decretos 06-2000 y 14-2026 derogaron disposiciones clave, permitiendo interpretaciones cuestionables que ahora son usadas como herramientas para consolidar el poder de manera arbitraria.

La Junta Directiva del Congreso, al actuar en contra de la ley y del mandato constitucional, está llevando al país por un camino peligroso. Las acciones recientes no solo generan incertidumbre jurídica, sino que también debilitan la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Este comportamiento sienta un precedente alarmante, donde los intereses políticos priman sobre los principios fundamentales de justicia y legalidad.

Es urgente que las instancias correspondientes asuman su rol como garantes del orden constitucional. Estas instancias tienen la obligación de certificar lo conducente de inmediato, antes de que Guatemala caiga en la completa ilegalidad. La falta de acción por parte de estos órganos sería igualmente una traición a su responsabilidad constitucional, dejando a la nación vulnerable ante la arbitrariedad y el abuso de poder.

En conclusión, el accionar de la Junta Directiva del Congreso es una amenaza directa al Estado de Derecho en Guatemala. Los ciudadanos, las organizaciones civiles y los órganos de justicia deben alzar la voz y exigir transparencia, legalidad y el respeto absoluto a la Constitución. Solo así se podrá garantizar que el país no retroceda hacia un estado de caos y arbitrariedad.