Empresarios piden incentivos para cumplir ley de pensiones en Venezuela

Dicha ley, aprobada por la Asamblea Nacional después de que Maduro anunciara en el Día del Trabajador un aumento del ingreso mínimo integral (que incluye bonificaciones por alimentación y el llamado “Bono de Guerra Económica”) a US$ 130 mensuales pagaderos en bolívares, la moneda local, establece que las empresas deben destinar a un fondo de pensiones el 9% del total de sus pagos a los trabajadores, de acuerdo con la Gaceta Oficial.

Al momento de promulgar la ley, Maduro explicó que ese instrumento buscaba reconstruir el “sistema de seguridad social” establecido en la Constitución “y que dejó el comandante eterno Hugo Chávez”. En el comunicado, Fedecámaras advierte que la aplicación de esa contribución “agrega mayor presión fiscal a las empresas venezolanas”, que además deben pagar otros tributos como el impuesto general a las transacciones financieras, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta.

“Se verá afectada la rentabilidad, limitando las inversiones y la mejora en el ingreso de los trabajadores, estimulándose el empleo informal”, agrega la federación de gremios empresariales. Por ello, piden el establecimiento de un tope máximo para la base del aporte, equivalente a tres veces el ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo, y la exoneración o exención del pago de la contribución para sectores prioritarios, “como salud y educación, por ejemplo”.

Los anuncios del Gobierno de Maduro se producen a unos dos meses de las elecciones presidenciales en el país previstas para el próximo 28 de julio. El salario mínimo no ha sido aumentado en Venezuela desde marzo de 2022, cuando se fijó en 130 bolívares mensuales (US$ 3,50 dólares). Sus beneficiarios están entre el grupo de personas más afectadas por la brutal caída de la economía venezolana, que entre 2013 y 2021 perdió alrededor del 75% de su PIB, según diversas estimaciones.

Para intentar compensar esa situación, el Gobierno de Maduro ha optado por incrementar las bonificaciones para enfrentar lo que la narrativa oficialista llama “la guerra económica”. Se trata del periodo marcado por las sanciones de Estados Unidos a la economía venezolana, que comenzaron en agosto de 2017 y que siguen en vigor.

Via: cnn