Funcionarios públicos pueden bloquear a usuarios en redes sociales

La Corte Suprema dictaminó que los funcionarios públicos pueden bloquear a personas en las redes sociales en determinadas circunstancias, descartando impugnaciones contra funcionarios de Gobiernos locales en Michigan y California que bloquearon a seguidores que los criticaban en Facebook.

En una opinión unánime escrita por la jueza Amy Coney Barrett, el tribunal estableció un estándar más claro sobre en qué ocasiones los funcionarios públicos son actores estatales en línea y cuándo pueden tener más control sobre su presencia en las redes sociales. Una segunda opinión que trataba de una disputa relacionada no estaba firmada y no se observaron desacuerdos.

En una era en la que los funcionarios públicos suelen comunicarse con los votantes a través de las redes sociales, los casos plantearon importantes preguntas sobre la Primera Enmienda sobre si esas páginas eran privadas o si eran una extensión del Gobierno. Algunas de las páginas incluían información que parecía oficial junto con publicaciones personales que mostraban a la mascota familiar.

“Cuando un funcionario del Gobierno publica sobre temas relacionados con el trabajo en las redes sociales, puede resultar difícil saber si el discurso es oficial o privado”, escribió Barrett. Una cuestión similar llegó a la Corte Suprema cuando el expresidente Donald Trump bloqueó a varios seguidores en el sitio de redes sociales entonces conocido como Twitter. Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York falló en contra de Trump, pero cuando la apelación llegó a la Corte Suprema, él ya no estaba en su cargo y los jueces desestimaron la disputa por considerarla discutible

La Corte Suprema dictaminó que dichos discursos de funcionarios gubernamentales pueden atribuirse al Estado y, por lo tanto, estar sujetos al escrutinio de la Primera Enmienda, solo si la persona involucrada tiene la autoridad para hablar en nombre del Estado y si el funcionario pretendía ejercer esa autoridad en nombre del Estado. El estándar establecido por el tribunal el viernes se aplica a todos los funcionarios del Gobierno.

Un caso, O’Connor-Ratcliff v. Garnier, involucra a miembros electos de una junta escolar en California que bloquearon a los padres de estudiantes en su distrito. Otro, Lindke vs. Freed, trata sobre un administrador municipal de Michigan que bloqueó a un defensor que criticaba la gestión municipal del covid-19.

Los jueces no abordaron completamente cómo se aplicaría el estándar que estableció a los hechos de esos casos, y en lugar de eso dejaron que los tribunales inferiores resolvieran eso. “El fallo de hoy divide la diferencia entre dos polos bastante extremos”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.

“A diferencia de la regla de que los funcionarios públicos son siempre actores estatales en las redes sociales, o nunca lo son, el tribunal está aclarando las circunstancias específicas en las que, incluso a través de una cuenta personal, un funcionario público todavía está limitado por la Primera Enmienda en cuanto a cómo interactúan con sus electores. Los tribunales inferiores ahora tendrán que aplicar esta nueva prueba, así que veremos cómo funciona sobre el terreno. Pero dividir la diferencia en teoría ayuda a explicar por qué el tribunal fue unánime”. Aunque los dos casos plantearon cuestiones jurídicas comunes, los hechos de cada uno fueron ligeramente diferentes.

Michelle O’Connor-Ratcliff y T.J. Zane fueron elegidos miembros de la junta del Distrito Escolar Unificado de Poway cerca de San Diego y utilizó sus cuentas personales de Facebook y Twitter para comunicarse con el público. Ambos aseguraron que recibieron “spam” con comentarios y respuestas de Christopher y Kimberly Garnier, los padres de estudiantes del distrito que expresaron su preocupación por las relaciones raciales. Y entonces O’Connor-Ratcliff y Zane los bloquearon.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, se puso del lado de los padres y concluyó que las páginas de redes sociales eran un foro público protegido por la Primera Enmienda, lo que significaba que el Gobierno no podía restringir el discurso de los votantes en función de sus opiniones.

James Freed fue contratado como administrador de la ciudad de Port Huron, Michigan, en 2014. Utilizaba principalmente su página de Facebook para publicar fotografías de su familia, pero ocasionalmente volvía a publicar comunicados de prensa sobre negocios de la ciudad o solicitaba comentarios sobre los servicios gubernamentales. Kevin Lindke, un crítico abierto de Freed, comenzó a publicar mensajes en la página en 2020 sobre el manejo de la pandemia de covid-19 por parte de la ciudad.

Freed eliminó esos mensajes y bloqueó la capacidad de Lindke de hacer más publicaciones. La Sexta Corte de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en Cincinnati, respaldó a Freed en la disputa y concluyó que no operó la página para cumplir con los deberes de su cargo y no utilizó su autoridad gubernamental para mantenerla. Barrett escribió que “si Freed actuó a título privado cuando bloqueó a Lindke y eliminó sus comentarios, no violó los derechos de la Primera Enmienda de Lindke; en cambio, ejerció los suyos”.

“Así que Lindke no puede confiar en el estatus de Freed como empleado estatal”, continuó. “La distinción entre conducta privada y acción estatal gira en torno al fondo, no a las etiquetas: los privados pueden actuar con la autoridad del Estado, y los funcionarios estatales tienen vidas privadas y sus propios derechos constitucionales”.

Vía cnn