El sindicalismo en Guatemala: Pactos secretos y su impacto en los fondos públicos

El sindicalismo en el gobierno de Guatemala y su impacto en los Presupuestos Generales de la Nación es un tema complejo y lleno de controversia. Las organizaciones sindicales dentro del gobierno han ganado un poder significativo a través de Pactos Colectivos, algunos de los cuales son criticados por sus condiciones desfavorables y falta de transparencia.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) ha advertido sobre cómo estos pactos comprometen las finanzas del Estado al absorber una parte considerable del presupuesto anual de cada ministerio. Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores del Congreso ha sido acusado de negociar plazas y ascensos de manera irregular, resultando en salarios que no están alineados con el mercado laboral.

María del Carmen Aceña, ex ministra de Educación, ha señalado que el sindicalismo en el sector educativo ha afectado negativamente la calidad educativa, con aumentos salariales basados más en la influencia sindical que en el mérito.

El número de organizaciones sindicales en el gobierno es considerable, con 618 en total, distribuidas principalmente en el Organismo Ejecutivo (160), el Legislativo (4) y el Judicial (3), así como en entidades municipales (369) y descentralizadas (82), incluyendo la más reciente en el Tribunal Supremo Electoral en 2022.

Gráfica de sindicatos en el Ejecutivo:

El Sindicato de Trabajadores de la Educación (S.T.E.G.), dirigido por Joviel Acevedo, es uno de los 47 sindicatos en el Ministerio de Educación, destacándose por su influencia política y sus negociaciones internacionales con apoyo de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL).

Desde 2008, se han suscrito 88 pactos colectivos, aunque no se detallan los montos específicos de los acuerdos alcanzados. Estos pactos suelen resultar en un aumento promedio del 10% en el rubro de remuneraciones salariales del sector público en el presupuesto de ingresos y egresos.

El Observatorio Económico Sostenible destaca que una parte importante del presupuesto nacional se destina a pagos salariales y transferencias corrientes, dejando poco margen para inversiones que mejoren efectivamente los servicios públicos, como la educación. Por ejemplo, en 2022, el MINEDUC solo destinó el 1.25% de su presupuesto para inversión, lo que refleja prioridades en la cobertura más que en mejoras sustanciales del sistema.

El Estado de Guatemala, mediante su administración gubernamental, depende en gran medida de los impuestos para financiar su Presupuesto General, que incluye impuestos indirectos como el IVA  y directos como el  ISR, ISO, IUSI, ISVC.

 El derecho a la organización sindical está garantizado por la Carta Magna y el Código de Trabajo, así como por convenciones internacionales.

Según el estudio “Análisis del Proyecto General de Ingresos y Egresos del Estado: Ejercicio Fiscal 2024” del CIEN, el presupuesto del 2024 se financiaría en un 78.9% con ingresos tributarios, con una carga tributaria equivalente al 11.7%. Sin embargo, la rigidez de los Pactos Colectivos no fue incluida en los riesgos fiscales del proyecto de presupuesto 2024, a pesar de que representan un compromiso y gasto significativo para el Estado.

Entre enero y junio de 2024, el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) aprobó 92 solicitudes de ampliación presupuestaria, muchas de las cuales estaban destinadas al pago de salarios, prestaciones y jubilaciones. Estos gastos recurrentes son en gran medida influenciados por las demandas laborales y los Pactos Colectivos negociados por los sindicatos. La omisión de estos compromisos en el proyecto de presupuesto refleja una subestimación de los costos reales asociados a los acuerdos laborales, lo que podría generar desequilibrios financieros a lo largo del año fiscal.

Las solicitudes de ampliación presupuestaria incluyeron una amplia variedad de gastos, desde el pago de salarios y bonificaciones hasta la compra de equipo y contratación de servicios profesionales. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) presentó 13 solicitudes por un total de Q1,910,039,101.00, mientras que el Ministerio de Educación (MINEDUC) presentó 12 solicitudes que sumaron Q3,704,834,317.00. Estos ejemplos ilustran cómo los Pactos Colectivos y las demandas laborales impactan en diferentes áreas del gobierno, incrementando significativamente los gastos del Estado.

La gestión de estos compromisos se realiza bajo normas constitucionales y la Ley Orgánica del Presupuesto, que permiten modificaciones presupuestarias para acomodar estos gastos. Sin embargo, estas modificaciones ponen de manifiesto la complejidad de la gestión financiera frente a las demandas laborales y la necesidad de una planificación presupuestaria más precisa y transparente.

En resumen, el sindicalismo en el gobierno guatemalteco enfrenta críticas por su opacidad y por el impacto desproporcionado en los recursos públicos. Es crucial implementar reformas para asegurar una gestión más transparente y eficiente de los fondos públicos, beneficiando así a toda la sociedad guatemalteca.

También puedes leer: