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Gobierno publica acuerdos que derogan seguro obligatorio para vehículos en Guatemala
Gobierno de Guatemala deroga el seguro obligatorio para vehículos tras bloqueos. Conoce los acuerdos publicados el 20 de marzo.
El Gobierno de Guatemala dejó sin efecto la normativa que establecía la obligatoriedad del seguro para vehículos, luego de dos días de bloqueos a nivel nacional por parte de transportistas y conductores. La decisión se oficializó este jueves 20 de marzo con la publicación de los acuerdos gubernativos 56-2025, 57-2025, 58-2025 y 59-2025 en el Diario de Centro América.
Diálogo y acuerdos con transportistas
El presidente Bernardo Arévalo anunció la derogación tras un proceso de diálogo con representantes del sector transporte en el Palacio Nacional de la Cultura. En su mensaje a la nación, el mandatario reconoció que, aunque la implementación del seguro tenía como objetivo brindar protección a los ciudadanos, su aplicación generó dudas y preocupaciones entre la población.
“Comprendemos el malestar de muchos guatemaltecos. La implementación del seguro obligatorio ha causado inquietudes legítimas, por lo que hemos acordado suspender su aplicación y trabajar en un marco legal más adecuado para el sector transporte”, señaló Arévalo.
Nuevas medidas tras la derogación
Como parte de los acuerdos alcanzados, se establecieron tres compromisos principales:
- Mesa técnica de trabajo: Se conformará un equipo especializado para evaluar la aplicación del artículo 29 de la Ley de Tránsito, con un plazo máximo de un año para presentar nuevas propuestas.
- Actualización del marco legal: Se trabajará en una iniciativa de ley para regular de manera integral el transporte en Guatemala.
- Derogación de acuerdos previos: Se anulan los acuerdos 46-2025, 47-2025, 48-2025 y 49-2025, en tanto se alcanzan nuevos consensos.
El seguro obligatorio y su impacto
La normativa derogada había sido anunciada el pasado lunes por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien argumentó la necesidad del seguro debido al incremento de accidentes de tránsito, especialmente por el crecimiento del parque vehicular y el uso de motocicletas.
El seguro tenía como propósito cubrir daños a terceros y preveía sanciones de entre 50 y 300 dólares para quienes no cumplieran con la obligación. En otros países de la región, la contratación de este tipo de seguros es una medida estándar para reducir el impacto económico de los accidentes viales.
Uno de los casos que impulsó la normativa fue el trágico accidente del 10 de febrero, en el que un autobús de transporte colectivo sufrió un percance, dejando 54 personas fallecidas. En ese caso, los gastos fueron cubiertos por aseguradoras, ya que el transporte público sí está obligado a contar con una póliza.
Revisión del marco normativo
El gobierno argumentó que la derogación permitirá ampliar el proceso de socialización con los sectores involucrados y revisar la legislación vigente en materia de transporte.
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