Arévalo confirma envío de carta a EE. UU. por posible impuesto a las remesas

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó el lunes 26 de mayo que su gobierno ha tomado medidas diplomáticas formales frente al anuncio de una propuesta fiscal en el Congreso de Estados Unidos que contempla la imposición de un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde territorio estadounidense hacia países extranjeros, incluida Guatemala.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo informó que envió una carta oficial a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, expresando su preocupación por los posibles efectos económicos y sociales que esta medida podría generar en miles de familias guatemaltecas que dependen de las remesas para su subsistencia diaria.

“Recibimos con profunda preocupación el anuncio de este posible gravamen. Las remesas no son solo cifras económicas; son el reflejo del sacrificio de millones de guatemaltecos que trabajan fuera de su país para apoyar a sus familias y comunidades”, declaró el mandatario.

Implicaciones económicas y sociales

Guatemala es uno de los países más dependientes de las remesas en América Latina. En 2024, estas representaron más del 19% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Banco de Guatemala. El impacto de un impuesto a estos envíos podría ser considerable tanto para la economía nacional como para la estabilidad financiera de los hogares que los reciben.

Arévalo señaló que la medida propuesta en el plan fiscal de un grupo de congresistas republicanos podría “agravar problemáticas estructurales” que su administración intenta combatir, tales como la pobreza, la migración irregular, el crimen organizado y la trata de personas.

“Gravar las remesas sería contraproducente para los esfuerzos conjuntos que venimos realizando con Estados Unidos para fortalecer la cooperación en seguridad y desarrollo. Esta medida afectaría directamente a los hogares más vulnerables y tendría un efecto dominó en las comunidades que dependen del dinero enviado por sus familiares en el extranjero”, advirtió el presidente.

Diplomacia activa y agenda bilateral

Como parte de una estrategia diplomática para abordar el tema, el Gobierno guatemalteco anunció el envío de una delegación oficial a Washington. La comitiva, encabezada por el canciller Carlos Martínez y la ministra de Economía, Gabriela García, sostendrá reuniones clave con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), así como con congresistas, senadores y actores del sector privado norteamericano.

“Estamos actuando de manera responsable y coordinada. El objetivo es fortalecer nuestras relaciones bilaterales y abogar por el bienestar de nuestra población migrante, que es un pilar fundamental de la economía nacional”, explicó Arévalo.

Además de los funcionarios del Ejecutivo, la delegación contará con la participación de representantes del sector privado guatemalteco, quienes también sostendrán encuentros con autoridades y empresarios estadounidenses para reiterar el impacto económico de las remesas y las consecuencias de cualquier medida que las restrinja.

Contexto legislativo en EE. UU.

El 13 de mayo, legisladores republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron un nuevo plan fiscal que incluye, entre sus propuestas, la creación de un impuesto especial a las remesas enviadas a personas en el extranjero. El objetivo declarado sería aumentar la recaudación interna para financiar proyectos económicos y de infraestructura dentro del país.

Hasta el momento, la iniciativa se encuentra en fase preliminar, sin fecha definida para su votación ni consenso bipartidista. No obstante, su sola mención ha provocado reacciones inmediatas de gobiernos latinoamericanos, organizaciones migrantes y defensores de derechos humanos.

Posición oficial del Gobierno de Guatemala

Arévalo reconoció los objetivos económicos de la administración estadounidense, pero pidió considerar los efectos colaterales de una medida como esta. “Entendemos que toda nación tiene derecho a impulsar su desarrollo, pero las decisiones fiscales no deben hacerse a costa de las poblaciones más vulnerables, ni de los lazos de cooperación histórica que nos unen”, expresó.