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Política

CC suspende provisionalmente ciertas reformas a Ley de la PNC por “inconstitucionalidad”

Corte Constitucional suspende reformas a Ley de la PNC por posible inconstitucionalidad.

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CC suspende provisionalmente ciertas reformas a Ley de la PNC por inconstitucionalidad
Foto: Archivo / Centra News

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó este jueves 6 de febrero la suspensión provisional de varios artículos de las reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), aprobadas bajo el procedimiento de urgencia nacional el pasado 26 de noviembre de 2024.

La decisión responde a una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Ronald Portillo, del partido Vamos, quien argumentó que las modificaciones contravienen principios constitucionales.

Artículos suspendidos:

Entre los artículos afectados por la suspensión se encuentran fragmentos de los artículos 3, 6, 8, 10, 17, 18, 21, 31, 60, 61, 82 y 83. Estos apartados, según la CC, requieren un análisis más profundo para determinar su compatibilidad con la Constitución Política de la República.

Las reformas, impulsadas mediante la iniciativa 6483 por el presidente de la junta directiva del Congreso, Nery Ramos, buscaban modernizar la estructura administrativa de la PNC, establecer un escalafón basado en tiempo de servicio y formación, y garantizar beneficios como alimentación, hospedaje, transporte y atención médica para los agentes.

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Sin embargo, han generado controversia por su posible impacto en las finanzas públicas y por incluir disposiciones que, según críticos, podrían vulnerar derechos fundamentales.

Uno de los puntos es el artículo 60, que permite a los agentes el uso de fuerza letal en defensa propia y establece una presunción legal que los exime de responsabilidad penal si el agresor resulta herido o fallece.

CIEN advierte en reciente análisis:

Por su parte, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) ha señalado que las reformas presentan inconsistencias financieras y jurídicas. En un reciente análisis, el CIEN advirtió que la normativa no detalla los costos asociados a los beneficios prometidos para los agentes, lo que podría generar un impacto negativo en las finanzas públicas. Además, cuestionó la falta de claridad en aspectos , como la asesoría legal y los mecanismos de implementación.