Política
Congreso analiza ayuda económica para víctimas de tragedia en zona 6
Congreso de Guatemala analiza ayuda económica para familias de víctimas del accidente en zona 6. Debate clave agendado para el 11 de febrero.
El Congreso de la República de Guatemala evalúa la posibilidad de otorgar una ayuda económica a las familias afectadas por el accidente de tránsito en la zona 6 capitalina, donde un bus de transporte público cayó al río Las Vacas, dejando más de 50 fallecidos.
Durante una reunión de jefes de bloque, legisladores propusieron incluir en la agenda del 11 de febrero no solo un acuerdo para expresar el pésame a los familiares de las víctimas, sino también la aprobación de un donativo para contribuir con los gastos derivados de la tragedia.
Diputados respaldan la iniciativa:
El diputado Álvaro Arzú Escobar sugirió que la Dirección Legislativa prepare un proyecto para canalizar el apoyo financiero, recordando que en ocasiones anteriores el Congreso ha aprobado medidas similares, como la ayuda a las familias de las niñas fallecidas en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
El legislador Elmer Palencia, de la bancada Valor, respaldó la iniciativa y propuso además una legislación para regular los reductores de velocidad en el transporte público y pesado, como una medida para prevenir accidentes similares.
Debate sobre regulación y resistencia del sector transporte
El diputado Allan Rodríguez también se pronunció a favor del apoyo económico, pero recordó que en el pasado el sector transporte ha manifestado su oposición a la implementación de regulaciones que obliguen a instalar sistemas de control de velocidad en los buses.
Rodríguez mencionó que, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, los transportistas protestaron contra estas medidas, argumentando que aumentarían los costos operativos, lo que impactaría en las tarifas del pasaje.
“Sucesos como este deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la seguridad vial”, enfatizó.
Por su parte, el congresista Luis Contreras señaló que, aunque se han aprobado leyes para reducir los riesgos en el transporte público, aún falta una legislación más estricta que evite este tipo de tragedias. Explicó que, si bien se estableció un límite de velocidad de 80 km/h para ciertos vehículos, la falta de aplicación efectiva de la normativa sigue siendo un problema.
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