Coronel es dado de baja tras denunciar al ministro de Defensa Henry Sáenz

Tras denunciar presuntas anomalías en los ascensos militares, el coronel de Infantería Miguel Estuardo Barrios Martínez fue sancionado con la baja definitiva del Ejército de Guatemala, luego de promover un antejuicio contra el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz Ramos.

La sanción fue formalizada el jueves 17 de julio mediante una resolución firmada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Erwin Rolando Gómez Barrera, quien argumentó que el oficial incurrió en una falta gravísima al promover una acción legal considerada ilegítima por las autoridades castrenses.

Según el documento oficial, Barrios Martínez habría cometido “actos indecorosos o deshonestos” al interponer la solicitud de antejuicio, misma que fue rechazada in limine (de forma preliminar y sin entrar a conocer el fondo del asunto) por falta de legitimidad.

La medida disciplinaria se fundamenta en el artículo 8 del Reglamento de Sanciones Disciplinarias del Ejército, que permite aplicar la baja definitiva en casos considerados de extrema gravedad. Con la firma del reporte, Barrios quedó habilitado para presentar un recurso de revisión ante una Junta Evaluadora, la cual podría ratificar o modificar la sanción.

Defensa alega represalia

La defensa legal del coronel sancionado sostiene que esta decisión constituye una represalia directa por ejercer su derecho a denunciar posibles ilegalidades. El abogado del militar, cuyo nombre no fue revelado, criticó que el Ejército utilice normas disciplinarias para castigar una acción amparada por la ley.

“Presentar una acción penal no puede considerarse indecoroso ni deshonesto. Lo que hizo el coronel fue actuar conforme al Código Procesal Penal, que obliga a denunciar hechos delictivos”, afirmó el defensor.

La solicitud de antejuicio presentada por Barrios Martínez en 2024 señalaba presuntas irregularidades en la designación de al menos cinco coroneles que fueron ascendidos a generales, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa militar. Esta denuncia también dio origen a un amparo constitucional aún pendiente de resolución ante la Corte de Constitucionalidad.

Implicaciones legales y administrativas

Aunque la sanción implica la baja del servicio activo, no es considerada deshonrosa, por lo que el coronel aún podría acceder a una pensión del 75% de su salario, al no haber cumplido los 36 años de servicio requeridos para una jubilación completa.

No obstante, su defensa teme que el objetivo real de la baja sea retirarle su calidad jurídica de oficial, lo que podría dejar sin efecto los procesos legales que ha impulsado contra la actual administración del Ministerio de la Defensa.

“Buscan apartarlo de todos los procesos legales. Si se confirma la baja, muchos de estos quedarían sin materia. Es un intento por silenciarlo y eliminar cualquier cuestionamiento interno”, agregó el abogado.

Lo que se avecina

Por ahora, el coronel cuenta con un plazo de 72 horas para solicitar formalmente la revisión de la sanción y presentar sus pruebas de descargo. Posteriormente, el expediente será evaluado por el Departamento de Justicia Militar, que tendrá hasta dos meses para emitir una recomendación final al ministro Sáenz.