Debate por ley que busca proteger arrecife en Izabal

Guatemala discute la posible inclusión del arrecife Corona Caimán en el sistema nacional de áreas protegidas, mediante el proyecto de ley 6499, el cual ha generado un amplio debate entre autoridades, ambientalistas y comunidades pesqueras del Caribe guatemalteco. Aunque se reconoce el valor ecológico de este ecosistema, las diferencias en torno a la implementación legal y su impacto social mantienen la discusión abierta.

El arrecife Corona Caimán, ubicado en aguas del departamento de Izabal, es considerado por expertos como uno de los ecosistemas marinos más saludables del país. Forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, el segundo más grande del mundo, y se destaca por su alta biodiversidad, además de su papel clave en la pesca artesanal y la seguridad alimentaria de las comunidades costeras.

La iniciativa legislativa propone incorporar este arrecife al área protegida de Punta de Manabique, lo cual ampliaría la cobertura legal para su conservación y fortalecería el marco institucional para la protección de especies marinas, el monitoreo ambiental y el desarrollo de prácticas pesqueras sostenibles.

Sin embargo, tanto el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) han advertido que la propuesta aún no cumple con los requisitos técnicos y legales necesarios para avanzar. De acuerdo con un pronunciamiento conjunto, la declaratoria de nuevas áreas protegidas debe contar con estudios científicos integrales, una consulta previa con las comunidades involucradas y la coordinación con otras instancias del Ejecutivo.

Conflictos con pescadores y contexto geopolítico

En paralelo, diversos sectores de pescadores artesanales en Izabal han expresado preocupaciones sobre cómo esta iniciativa podría afectar su acceso a zonas de pesca. Aunque el proyecto de ley 6499 no propone restricciones inmediatas, algunos actores locales lo relacionan con el Acuerdo Ministerial 85-2020, que impuso una veda sobre más de 20 mil hectáreas marinas en la región.

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Los pescadores denuncian que dicha veda fue implementada sin consulta previa y ha provocado pérdidas económicas significativas. También han manifestado sentirse desprotegidos frente a embarcaciones extranjeras que ingresan a la zona en disputa, especialmente en la franja marítima no delimitada entre Guatemala y Belice. Según los testimonios, estos incidentes incluyen el robo o daño de redes y confrontaciones que aumentan la tensión regional.

Karina Paz, diputada ponente del proyecto, asegura que el objetivo de la iniciativa es proteger un ecosistema estratégico para la región y avanzar hacia una pesca sostenible que beneficie a las comunidades locales. Reconoce, no obstante, que el diferendo territorial con Belice representa un obstáculo en la implementación de medidas de conservación más estrictas.

“La intención no es limitar derechos, sino asegurar que haya un futuro pesquero viable para Izabal”, indicó Paz, al tiempo que subrayó la importancia de distinguir entre esta propuesta legislativa y normativas previas.

Requisitos pendientes para avanzar

Para que el proyecto de ley 6499 pueda concretarse, debe superar varios pasos legales, entre ellos, la elaboración de un estudio técnico integral avalado por el Conap, la obtención de dictámenes favorables por parte de ministerios, y la realización de un proceso de consulta con las comunidades afectadas.

Expertos en derecho ambiental subrayan que el respeto a estos procedimientos es esencial para garantizar que cualquier declaratoria de área protegida sea jurídicamente sólida, socialmente aceptada y ambientalmente efectiva.