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Política en Guatemala

Congreso: Discuten aumento a pensiones y jubilación universal

Congreso analiza aumento de pensiones del IGSS y propone jubilación universal para mayores de 65 años en Guatemala.

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Congreso analiza ampliar pensiones del IGSS y crear una jubilación universal para adultos mayores
Foto: Congreso de Guatemala

La Comisión de Finanzas Públicas del Congreso de la República inició esta semana el análisis de dos propuestas legislativas que buscan transformar el sistema de pensiones en Guatemala: una que propone incrementar el monto de las pensiones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y otra que plantea la creación de una jubilación universal para adultos mayores de 65 años.

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Ambas iniciativas fueron impulsadas por diputados del bloque oficialista, con el respaldo parcial de legisladores de otras bancadas. La discusión se centra en la iniciativa de ley 6478, que busca aumentar las pensiones del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), así como en una nueva propuesta para establecer una pensión mínima universal, independiente del historial laboral o de cotización al IGSS.

Propuesta para mejorar pensiones del IGSS

La iniciativa 6478 contempla que las pensiones actuales menores a Q1,500 se ajusten a ese monto, mientras que aquellas que ya alcanzan los Q1,500 reciban un incremento adicional de Q300. La propuesta también incluye una disposición para que el IGSS y el Ejecutivo revisen cada cuatro años los montos, con el objetivo de que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo no agrícola.

Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, destacó que el principal desafío para el IGSS es la sostenibilidad financiera, debido a la baja cobertura de contribuyentes frente al número creciente de beneficiarios. Estrada subrayó la necesidad de una reforma estructural que fortalezca la capacidad de recaudación del Seguro Social para asegurar mayores beneficios a largo plazo.

“El objetivo es que este ajuste no sea solo un aporte puntual que cree un déficit temporal, sino que responda a un plan sostenible que amplíe la base de cotizantes y garantice pensiones dignas”, afirmó Estrada. Además, reconoció que actualmente existen pensiones de tan solo Q100, lo cual calificó como una deuda pendiente del Estado con los jubilados.

Según estimaciones del IGSS, el incremento propuesto implicaría un gasto anual de aproximadamente Q1,000 millones. Sin embargo, aún está pendiente una transferencia de Q215 millones por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, que podría aliviar parte de la carga financiera del Instituto.

Jubilación universal para mayores de 65 años

Paralelamente, el bloque oficialista presentó una iniciativa de ley para establecer una jubilación universal dirigida a todas las personas mayores de 65 años, sin importar si están inscritas en el IGSS o si han tenido empleo formal. Esta pensión básica tendría un valor inicial de Q500 mensuales y se financiaría mediante bonos del Tesoro, recursos del presupuesto general, préstamos internacionales y donaciones.

El diputado Samuel Pérez, ponente de la propuesta, explicó que el programa buscaría eliminar barreras burocráticas que actualmente excluyen a miles de adultos mayores del acceso a una pensión. “Envejecer con dignidad no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado por el Estado. Hoy, muchos guatemaltecos que trabajaron toda su vida enfrentan su vejez sin ingresos ni apoyo institucional”, afirmó.

La iniciativa contempla un presupuesto inicial de Q4,466 millones para el año 2026. Actualmente, el Programa del Adulto Mayor —bajo la administración del Ministerio de Trabajo— ya otorga una pensión de Q500 a personas en situación de pobreza, pero el nuevo proyecto propone trasladar su gestión al Ministerio de Desarrollo Social, con un enfoque más amplio y permanente.

Impacto fiscal y social

Los cálculos preliminares presentados por los legisladores indican que la implementación de la jubilación universal representaría apenas el 0.3 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual —según sus promotores— es manejable dentro del marco fiscal actual y no comprometería otras áreas del gasto público.

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