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Dictan primera sentencia en Guatemala por caso “Panamá Papers”

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Dictan primera sentencia en Guatemala por caso Panamá Papers

El Ministerio Público de Guatemala anunció el jueves 28 de diciembre la primera sentencia en el país relacionada con el caso “Panamá Papers”. Este caso se originó a raíz de la filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, los cuales fueron entregados a un periódico alemán.

El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal dictaminó una condena de dos años de prisión para Elmer Nery Montenegro Urrutia, quien se desempeñaba como administrador único de una entidad implicada en el lavado de dinero por un monto de Q1 millón. Montenegro Urrutia aceptó la condena impuesta y también fue ordenado a pagar costas procesales. Además, deberá cumplir con la entrega de Q2 mil como reparación digna a la Asociación de Emergencias Médicas de Bomberos de Canalitos. La sentencia también incluye la obligación de publicar el veredicto en dos periódicos de mayor circulación.

La investigación de este caso estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que presentó pruebas sólidas para respaldar la acusación de conspiración en lavado de dinero por parte de Montenegro Urrutia.

El caso se inició a raíz de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. Según la investigación, el condenado era el administrador único de una entidad que participó en el lavado de Q1 millón relacionado con el escándalo de los “Panamá Papers”.

La oficina de prensa del Ministerio Público señaló que, aunque se han llevado a cabo diversas acciones y detenciones en relación con este expediente, todos los casos están bajo reserva legal. Existen órdenes pendientes de ejecución, y se tiene programado un debate para julio de 2024, en el cual se abordarán los casos de tres personas.

Además, se espera que el Juzgado determine la fecha para la audiencia de aceptación de cargos de otras tres personas implicadas en este caso. La resolución de este caso marca un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero y las actividades ilícitas vinculadas a la filtración de los “Panamá Papers” en Guatemala.