Bolivia sentencia a los asesinos de la lideresa indígena Juana Quispe

Un tribunal de Bolivia impuso una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto a un exalcalde y un exconcejal de un municipio andino por el asesinato en 2012 de la concejala opositora Juana Quispe. La lideresa indígena vivió un viacrucis al haber sufrido “presión, persecución, hostigamiento y amenazas” para que no ejerciera su cargo, según los detalles del caso conocidos en la lectura de la sentencia tras casi 12 años de impunidad. Entérate aquí

En una audiencia virtual, la jueza Inés Tola, titular del Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz, leyó el jueves 11 de enero la fundamentación de la condena que impuso la pena máxima en Bolivia contra el exalcalde del municipio de Ancoraimes, Félix Huanca, y el exconcejal Pastor Cutili, por el crimen de la lideresa indígena Juana Quispe.

Ancoraimes es una localidad situada a dos horas de La Paz, con una población indígena aymara, de cerca de 13,000 habitantes. El tribunal también condenó por complicidad a la exconcejala Basilia Ramos Calisaya a 15 años de prisión, y por encubrimiento a su colega Exalta Arismendi Villavicencio, a dos años, aunque la última se benefició con un perdón judicial.

Quispe, que había ganado el puesto de concejala en 2010, fue encontrada muerta por estrangulamiento en un río de La Paz el 13 de marzo de 2012, tras haber participado en una manifestación a favor de la hoja de coca y después de haber denunciado que había sido amenazada de muerte.

La lideresa política tenía entonces 42 años y su muerte ocurrió dos días antes de la fecha en que se iba a conocer una resolución de un tribunal penal contra los concejales que impedían a Quispe ejercer su cargo.

Juana Quispe tuvo una vida difícil, pues siendo todavía niña quedó huérfana de padre y madre y tuvo que hacerse cargo de sus hermanas, Francisca y Margarita, aunque eso no impidió que destacara como una lideresa en Ancoraimes hasta ser una de las dirigentes de la influyente agrupación campesina Bartolina Sisa.

En principio, Quispe trabajó por el Movimiento al Socialismo (MAS), pero al no ser tomada en cuenta localmente en las listas para concejales, postuló por otra agrupación y ganó una concejalía. Por su parte, Huanca fue elegido alcalde por el MAS y, según los testimonios citados en la audiencia, hizo varias acciones para impedir que Quispe asumiera su concejalía, incluso desobedeciendo un fallo constitucional.

Casio Villanueva, tío de Juana e impulsor del juicio, contó que su sobrina destacó al haber logrado la instalación de un criadero de truchas que aún funciona, logró fondos para riego y consiguió que funcionara una carrera de enfermería en Ancoraimes, aunque luego ese proyecto fracasó.

El acoso de parte de los seguidores del alcalde incluyó que las sesiones del Concejo se realizaran en otra localidad para evitar que ella asistiera, persecuciones callejeras, que le tiren cemento a los ojos, que la arrastren por una calle y la amenacen con la “Justicia comunitaria”, que es como algunas comunidades llaman a los linchamientos, según se dijo en la audiencia.

Días antes de ser asesinada, Quispe asistió a una reunión de concejalas de Bolivia para dejar un testimonio dramático en el que cuenta que no se iba a rendir y que estaba dispuesta a “morir”. “Dicen que me van a matar, que me van a quemar”, dijo entonces Quispe, mientras lloraba y pedía apoyo del Gobierno de Evo Morales (2006-2019) porque su lucha era para que las mujeres no siguieran sufriendo discriminación.

La abogada de la familia, Valkhiria Lira, destacó que la sentencia es ejemplar porque hace respetar los derechos políticos de las mujeres y hombres que participan en política, incluso si tienen disidencia con sus organizaciones.

“Sienta un precedente contra los abusos de políticos y de autoridades, que tienen ópticas y prácticas discriminatorias en razón de género y en razón de elección política. Ese es el mensaje. Si hacen eso, tendrán 30 años de sentencia”, dijo Lira, que patrocinó gratuitamente el caso.

Desde febrero del 2023, la Defensoría del Pueblo hizo un seguimiento de cada audiencia para evitar dilaciones y consideró que el caso es “emblemático e histórico” porque tras la violenta muerte de Quispe, se ha impulsado la aprobación de la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, promulgada en 2012. Según la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), desde el 2018 hasta junio del 2023 se han reportado 600 denuncias de acoso político contra mujeres lideresas.

 “El acoso y la violencia política están latentes y el caso Quispe estaba impune, pero ahora tiene una sentencia que despierta esperanza y establece jurisprudencia para que otras mujeres reclamen sus derechos”, dijo la activista por los derechos de mujeres Eulogia Tapia, otra de las impulsoras del juicio. Según datos oficiales de la Defensoría, desde el 2021 se han dictado otras cuatro sentencias menores por acoso y violencia política contra mujeres, con condenas de dos y tres años.

A juicio de Tapia, que dirige el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, las mujeres hacen las denuncias, pero a veces las abandonan porque ”sufren amenazas en sus territorios que las hacen desistir o sus familias también presionen para que abandonen sus cargos ante el riesgo de situaciones peligrosas”.

Así, las mujeres que aspiran a un cargo o una representación, se resignan a seguir en roles tradicionales “sin participar en el espacio público”, finalizó. La sentencia es determinante y ofrece garantías a las mujeres que deciden incursionar en la política boliviana, dominada preponderantemente por hombres. 

Via: france 24