La defensa de la libertad 24/7 – Por: Allan Ortíz

La libertad, como principio fundamental de la convivencia en una sociedad democrática, enfrenta desafíos significativos en Guatemala. En un contexto donde las acciones arbitrarias del Estado, tanto formales como informales, amenazan derechos fundamentales, es imprescindible reflexionar sobre el valor de este principio y la urgencia de protegerlo.

La libertad no es solo un concepto abstracto; es el fundamento sobre el cual se construyen las democracias modernas. En Guatemala, la libertad de expresión, asociación, empresa y participación política son derechos consagrados en la Constitución. Sin embargo, estas garantías son frecuentemente vulneradas, ya sea mediante leyes que limitan derechos o a través de acciones informales que intimidan a quienes disienten.

La defensa de la libertad no es opcional; es un compromiso que debe asumirse frente a la creciente tendencia del Estado a instrumentalizar el poder para silenciar voces críticas. Ya sea mediante la judicialización de activistas, el acoso a periodistas o el cierre de espacios cívicos, estas acciones no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que erosionan el tejido democrático en su totalidad.

Las amenazas a la libertad pueden manifestarse de distintas maneras. Por un lado, las acciones formales del Estado, como leyes o reformas que buscan restringir derechos, representan un ataque directo y estructurado. Por ejemplo, propuestas legislativas que limitan la fiscalización de las instituciones o que criminalizan la protesta social son intentos evidentes de consolidar el poder en detrimento de las libertades individuales y colectivas.

Por otro lado, las acciones informales, como la intimidación, el hostigamiento y las campañas de desinformación, son más difíciles de rastrear pero resultan muchas veces igual o incluso más peligrosas, pues estos mecanismos buscan desmovilizar a la población y perpetuar un estado de miedo que inhiba la participación ciudadana.

Ante estas amenazas, la sociedad civil juega un papel crucial. Las organizaciones comunitarias, los periodistas independientes y los activistas son la primera línea de defensa contra las arremetidas autoritarias. Sin embargo, para que puedan cumplir con esta función, necesitan el respaldo de una ciudadanía activa y comprometida.

La participación ciudadana no se limita al acto de votar. Implica también exigir rendición de cuentas, manifestarse contra las injusticias y defender a quienes se encuentran en la mira del poder. En un país con altos niveles de desigualdad y exclusión, estas acciones son fundamentales para garantizar que las voces más vulnerables sean escuchadas.

Es momento de que Guatemala reconozca que la libertad no es un privilegio, sino un derecho inherente a todos sus ciudadanos. Protegerla exige un esfuerzo colectivo, que incluya desde la denuncia de las irregularidades hasta la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos.

Si el Estado no garantiza la libertad, corresponde a la sociedad civil tomar la iniciativa. Esto no solo significa resistir a las amenazas actuales, sino también construir un futuro donde las instituciones democráticas sean verdaderamente representativas y respetuosas de los derechos fundamentales.

La defensa de la libertad en Guatemala es más que una lucha política; es una declaración de dignidad y esperanza. Enfrentar las amenazas estatales, tanto formales como informales, es esencial para asegurar que las generaciones futuras puedan vivir en un país donde la libertad no sea solo un ideal, sino una realidad palpable. La historia ha demostrado que la resistencia pacífica y el compromiso ciudadano pueden superar incluso los mayores obstáculos. Hoy, esa responsabilidad recae en cada uno de nosotros.