Supuesto “defensor del ambiente” procesado judicialmente por grave contaminación a río Tamazulapa

Un hit logró la Fiscalía Contra Delitos del Medio Ambiente del Ministerio Público (MP) en Zacapa, al demostrar la responsabilidad en la sindicación contra Herbert Jiménez, por el delito de contaminación ambiental sobre el río Tamazulapa.

Contradictoriamente, Jiménez, cuya figura pública le ha vendido ante la población zacapaneca y miteca (Asunción Mita, Jutiapa), como un “aguerrido defensor del medio ambiente”, el Ministerio Público logró demostrar que existe suficiente evidencia para que el juez tuviera elementos de convicción sobre su responsabilidad en la contaminación de dicho afluente.

Dueño de una funeraria en Asunción Mita y ex candidato para alcalde, como presidente de Cocode de la aldea Tiucal, no solo se enriqueció ilícitamente por seis años al autorecetarse anómalamente un salario, sino que además, al tener bajo su cargo la planta de tratamiento de aguas negras local, provocó que por su indiferencia e irresponsabilidad los residuos fueran descargados al río, un daño de gran peligro para la población miteca.

Jiménez encabezó, en su condición de presidente del Cocode, junto con el ex alcalde Francisco Guardado, bajo el auspicio de la ONG, Madre Tierra, con fondos que se sospecha son irregulares provenientes de otra ONG de origen alemán que opera en El Salvador (según fuentes del Ministerio Público), un consulta comunitaria ilegal para bloquear la operación de la mina Cerro Blanco (de la canadiense Elevar Resources- Bluestone Resources Inc.). La consulta ilegal y su reglamento anómalo fueron dejados sin valor por resolución de la Corte de Constitucional (CC) en septiembre de 2022.

La resolución judicial dictada contra Jiménez, contempla el embargo de cuentas bancarias y, aunque le concedieron arresto domiciliario, en corto tiempo se podría llegar a la finalización del juicio, puesto que las evidencias presentadas por el MP son irrefutables, a lo que se suma los reparos que deberá enfrentar ante la Contraloría General de Cuentas por un monto de Q140 mil, al crear un sistema de cobros ilegales por el servicio de extracción de basura y surtido de agua que también vertía en el afluente acuífero.