Una semana ha sido suficiente para contrastar lo que fue el gobierno de Iván Duque, de corte de derecha, con el gobierno de Gustavo Petro. El nuevo gobierno ha dado un serio vuelco a la izquierda; presentó una reforma tributaria que afectará a las empresas, reestableció relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua; se ausentó en la sesión de la OEA para condenar lo ocurrido en Nicaragua; designó funcionarios con señalamientos de corrupción y narcotráfico; removió 52 generales de la fuerza pública y ha implementado la política de ‘seguridad humana’ de la mano del ministro de defensa, Iván Velásquez, que ha dejado hasta ahora 5 masacres, incremento de desplazados e invasiones a la propiedad privada en tan solo una semana.
Los primeros días del nuevo gobierno de izquierda del Pacto Histórico comenzó con la presentación en el Congreso de la reforma tributaria; una reforma que rompió con casi todas las promesas de campaña menos con lo que ahora mismo exige la economía colombiana: sobrecarga de impuestos a las empresas y eliminación de incentivos a la producción.
Del objetivo de 50 billones de pesos colombianos prometidos en campaña presidencial por Gustavo Petro (que en algún momento se llegó a decir que serían 65 billones), el ministro de hacienda modificó las expectativas de la reforma tributaria a la mitad. La reforma tributaria presentada al Congreso es ahora de 25 billones y se basa en gravar fuertemente a las empresas, a ingresos mayores de 10 millones mensuales y a los dividendos.
Con el paso de los días las críticas a la reforma tributaria solo han crecido. Comenzó por los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos de consumo popular que afectarían a la población de menos ingresos. Ahora se centran en los efectos adversos que tendrá sobre la economía, al gravar los dividendos en casi el 65%, algo que no tiene precedentes en el mundo.
El discurso de la semana pasada de Gustavo Petro en la ANDI -Asociación Nacional de Industriales- en Cartagena, agravó más la incertidumbre del sector empresarial con el gobierno de Gustavo Petro. El presidente escuchó la agenda común que le proponía el gremio y, por el contrario, el mandatario respondió que el cambio en la visión económica del país es inminente.
Gustavo Petro aseguró que su gobierno buscará la reforma agraria como pilar de su política para reducir la desigualdad en Colombia. Aseguró que no será un gobierno socialista, sino buscará un nuevo balance entre economía y estado, debido a que las posturas neoclásicas son “fallidas” a nivel mundial. Gustavo Petro aseguró que la reforma tributaria y agraria, son fundamentales “para construir justicia social”.
El mandatario aligeró el discurso, asegurándoles a la ANDI que su gobierno no expropiará, sino se enfocará en la creación de riqueza y la valorización del trabajo. Insistió que la industria es fundamental y que, por lo mismo, existe una contradicción entre acceso a la tierra y dominio de la tierra; en la cual, en la segunda, no puede existir desarrollo. “El mercado no fue capaz por si mismo de garantizar derechos universales”, dijo, y argumentó la necesidad de que el estado y las empresas se unan en el objetivo de crear riqueza por medio del conocimiento y la reducción de la desigualdad.
“Si el libre mercado lo dejamos operar en Colombia, nos va llevando solo a sacar petróleo y cocaína, ya que allí hay ventajas comparativas”, aseguró y llamó a la asociación a considerar la importancia de la transición energética.
Las reacciones a la participación de Gustavo Petro en la ANDI fueron mixtas. En parte, fue ovacionado por una visión de crear nuevas oportunidades y acercar posturas, a través de reducir la violencia y los costos de oportunidad. No obstante, la incertidumbre creció, cuando el mandatario insistió que la redistribución de la riqueza es importante en su gobierno y que esta depende de una reforma tributaria polémica que reposa en las empresas y una reforma agraria que aún se desconoce en sus detalles.
Los empresarios se encuentran en un estado de incertidumbre total, pero descansan en que estos temas deben pasar por extensos debates en el Congreso. Otra realidad es la política de “seguridad humana” de Gustavo Petro y las decisiones de política exterior del gobierno.
Respecto a la seguridad, Gustavo Petro, a través de su ministro de defensa, Iván Velásquez, mandó un mensaje serio a la estructura de la fuerza pública. En total, 52 generales fueron removidos de su cargo en las distintas instituciones. 21 de la Policía Nacional y el resto entre el Ejército y otras instancias de la fuerza pública. Adicionalmente, Gustavo Petro envió otro mensaje a la fuerza pública: son los responsables de detener masacres y asesinatos a líderes sociales, en un tono que aseguraba que no lo habían hecho hasta ahora y sin ofrecer respaldo a la labor policial.
Sin embargo, en los primeros siete días transcurridos del gobierno han ocurrido cinco masacres en el país. La oposición señala al ministro de defensa, Iván Velásquez, de la permisividad de su política de seguridad, ya que aseguran que el mismo ministro ha cancelado operaciones de la fuerza aérea para dar con objetivos.
Es claro que la visión de la política de seguridad humana de Gustavo Petro parte por reducir operaciones militares conjuntas y sobreestimar las capacidades investigativas de la Fiscalía. Mientras tanto, en el departamento del Cauca, las poblaciones indígenas se han visto respaldadas por las declaraciones de la ministra de agricultura, Cecilia López, que esbozó que el acceso a la tierra es un derecho que garantiza este gobierno; lo que ha llevado a un incremento de invasiones a la propiedad privada en el norte del departamento.
Aunque es muy temprano para categorizar, la política de seguridad de Gustavo Petro puede estar ‘envalentonando’ a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico a través de dejar vacíos para que eventos de ingobernabilidad susciten con mayor facilidad. En una semana de gobierno, Gustavo Petro ha generado un ambiente de incertidumbre sobre la capacidad de contención del Estado y cómo atajará los conflictos sociales que afectan a campesinos y a la propiedad privada.
Por otra parte, la política exterior ha dejado una postura muy clara: Cuba, Venezuela y Nicaragua son aliados del gobierno; la OEA, no tanto. En este caso, Gustavo Petro está cumpliendo con sus promesas de campaña y precampaña, cuando aducía que su gobierno olvidaría viejas alianzas por recuperar nuevas en la izquierda. Nunca condenó los ataques de Rusia, Irán y Venezuela en contra de Colombia durante el gobierno de Duque y, por el contrario, en múltiples ocasiones coqueteó con la idea de un cambio de alianzas internacionales que, sin decirlo en los últimos años, revelaban un interés en distanciarse del liderazgo de los Estados Unidos en la región.
Una semana bastó para hacer una radiografía de lo que será el gobierno de Petro. Se suma a lo anterior la actuación de los miembros del Pacto Histórico en el Senado y Cámara de Representantes, en la cual también se puede apreciar el rompimiento de promesas de campaña como en el caso de la reducción de sueldos de los congresistas, la elección del contralor y la actividad de Roy Barreras que ha creado mucha incertidumbre y oposición en tan solo semanas; lo que deja en evidencia que los acuerdos por conformar una mayoría en el Congreso ahora mismo penden de un hilo, y que aquellos partidos que se “vendieron” para formar parte de la coalición de gobierno, en tan solo tres semanas ya no tienen tan claro su apoyo al gobierno actual.
